Hace casi treinta años, cuando inicié mis labores en la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) junto a mi maestro Eduardo Jorge Prats, uno de los temas más intensamente discutidos en la opinión pública era las muertes de ciudadanos en supuestos intercambios de disparos.
Desde FINJUS denunciamos que, lejos de ser una excepción, estos hechos constituían una práctica usual de la Policía Nacional.
La crítica de FINJUS a las muertes a manos de la Policía le ganaron ataques decididos de parte de buena parte de la sociedad. Lo menos grave que nos imputaron fue ser defensores de delincuentes.
Sin embargo, el coro de voces críticas del cual FINJUS formaba parte fue haciéndose más fuerte y numeroso. Finalmente, desde la primera década del milenio, la necesidad de reducir este tipo de violencia se convirtió en un punto esencial del argumento en favor de la reforma policial.
Los hechos siguieron al discurso, y, aunque no desaparecieron del todo y seguían siendo mucho más comunes de lo deseable, el país se alejó del cénit de incidentes.
Sin embargo, en los últimos años hemos sufrido un retroceso notorio y preocupante. El saldo sangriento de las acciones policiales muestra un ascenso aparentemente inexorable, incompatible con un Estado de derecho. Por ejemplo, hace dos semanas en Barranquita, Santiago, una patrulla policial dio muerte a cinco personas a las que imputó ser parte de una banda criminal.
Entre ellos, un joven que muchos en la comunidad señalan como una persona responsable y trabajadora. Se prometió una investigación, cuya conclusión se anunció ayer martes, sin que al momento en que se escriben estas líneas se hayan hecho públicos los resultados.
Pero lo cierto es que este tipo de hechos no sólo son contrarios a la Constitución de la República, sino que lesionan la legitimidad del Estado y la eficacia de los órganos de seguridad ciudadana.
No rendirán frutos si la ciudadanía los percibe como instancias violentas que no acatan leyes ni razones.
A los dominicanos se nos prometió un horizonte despejado, libre de este tipo de hechos, sin embargo, el que avizoramos es plomizo. No puede ser que retrocedamos tres décadas, y no debemos aceptarlo.
