Algunos señores del Senado –una instancia en descrédito que no debería existir en esta democracia, a la que le basta una sola cámara- renuevan frecuentemente su creatividad espuria y nos regalan ahora una teoría legislativa repentista para reafirmar la tragicomedia que son.
En el proceso de aprobación en segunda lectura de la nueva Ley de Lavado surgió esta justificación surrealista: Hay demasiadas bancas ilegales que son inmanejables y por lo tanto resulta difícil darle seguimiento.
La astuta expresión fue suficiente para que se excluyeran esos “exitosos emprendimientos” como sujetos obligados en el marco legal, revisado y actualizado por el Gobierno para evitar graves sanciones internacionales contra el país.
Es decir, el negocio que mueve más dinero en efectivo en República Dominicana (alrededor de RD$160 millones cada día, según cálculos conservadores) queda desregulado, libre de pies y manos para seguir haciendo de las suyas.
Huelga decir que la realidad no es que las 300 mil bancas ilegales sean difíciles de manejar y que las legales no están en los estándares del Grupo Acción Financiera (GAFI).
La verdad es que los grandes “industriales” de los juegos de azar y las apuestas están enquistados en el Congreso, gracias al voto irracional y emotivo que posibilita el clientelismo. Se creen merecedores, una vez más, de un traje a la medida, de un manto protector para que los efectos de la ley toquen a todos, menos a ellos.
Si eximir a las bancas de apuesta de los controles de la ley se justifica por su número, entonces nunca habrá regulación, control ni captura de impuestos en 1 millón 500 micro, pequeñas y medianas empresas que tenemos.
Resulta increíble que donde se hacen las leyes aniden también los reyes Midas que se llenan cada día el bolsillo de dinero arrebatado a los pobres a cambio de un sueño inalcanzable y desarrollan lo indecible para no cumplir a cabalidad con sus deberes formales en términos tributarios.
Esa centrífuga que son las bancas de apuesta –tan defendida y mimada en el Congreso- es lo peor que puede existir como motor de inequidad, atraso social y evasión. El poder político es culpable de su vigencia al convertir a los “riferos” en caballeros.