Uno de los temas que hemos referido y escrito con mayor énfasis y constancia a lo largo de estos más de ocho años ininterrumpidos de colaboración con la presente columna semanal en el periódico, es el de la ley de presupuesto general de la nación y sus relaciones con los niveles de la deuda pública del país.

Esto es así porque anualmente dicho proyecto de ley, y su posterior promulgación, “legaliza” los niveles de deuda que se habrán de alcanzar a lo largo del año a que se refiere dicha ley.

Lejos de detenerse, previo a su aprobación, para realizar un estudio desmenuzado y ponderado de qué es lo que se está aprobando, los diferentes gobiernos, y el presente no es una excepción, utilizan su mayoría mecánica en el Congreso para en asunto de horas formalizar su aprobación, facilitando el que el Poder Ejecutivo lo promulgue y se convierta en ley.

Por lo general la actitud de la oposición es plegarse a esa arrolladora mayoría y retirarse del hemiciclo o abstenerse al momento de votar.

Desafortunadamente, tanto la utilización de la mayoría congresional, sin cuestionamientos ni reservas, así como la falta de un debate público amplio y profundo acerca de las diferentes partidas contenidas en los proyectos de ley, nos eximen de la oportunidad de ponderar juiciosamente qué es lo que se está aprobando, para qué se aprueba y de dónde se sostendrá financieramente lo aprobado.

Ponernos hoy a cuestionar por qué la última emisión de US$1,300 millones fue a 10 años y no 30 como la anterior, por qué la tasa de interés a es al 6 por ciento y si esto es conmensurable con el nivel de riesgo país, o si ya la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto excede el 50 por ciento, lo que nos corresponde es señalar a los que aprobaron el proyecto de presupuesto, y exigirles la responsabilidad histórica que les corresponderá por actuar como autómatas en vez de seres racionales, democráticos y responsables.