Se encuentra en proceso de incubación un distanciamiento entre la judicatura y el Ministerio Público, que se debe resolver antes de que afecte la eficacia de la lucha contra el crimen organizado y el sano proceso de impartición de justicia.

Aunque en principio hay, y debe de haber, una separación del Ministerio Público y la judicatura (los jueces), eso no implica que ambas instancias del sistema judicial anden por caminos separados, pues coinciden en el objetivo primario.

Los jueces tienen la obligación de cooperar con el Ministerio Público en el proceso de investigación, bajo el amparo de lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, en tanto que el Ministerio Público tiene el deber de presentar a los jueces los insumos para una correcta administración de justicia.

Los fiscales necesitan de los jueces en el proceso de investigación, pues requieren autorización de ellos para interceptaciones telefónicas, allanamientos o requerimientos de ciertas informaciones.

Pero los miembros del Ministerio Público deben cuidar que los jueces sientan la confianza de que las autorizaciones que conceden son utilizadas única y exclusivamente para la persecución del crimen.

Actualmente hay una fisura de la que solo se benefician los criminales.