De Gazcue a Cotuí: los lugares donde allanaron por el caso SeNaSa 2.0

  • Operativos en el Gran Santo Domingo y provincias abarcan viviendas de médicos y otros implicados en el expediente judicial

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SeNaSa

SANTO DOMINGO.– Los allanamientos realizados como parte de la investigación conocida como Senasa 2.0 alcanzaron residencias vinculadas a varios de los investigados, incluidos médicos y otras personas señaladas en el expediente judicial.

De acuerdo con documentos de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, las diligencias se llevaron a cabo en distintos sectores del Gran Santo Domingo y en varias provincias del país.

Entre los lugares incluidos en la relación figuran residencias ubicadas en Gazcue, Don Bosco, Piantini, Miraflores, La Fe, Villa Fontana, La Zurza y otros sectores del Distrito Nacional.

También aparecen inmuebles localizados en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos y Pantoja.

La relación también incluye varios inmuebles asociados a integrantes de la familia Guzmán Vásquez, localizados en Villa Mella y en distintos puntos de Cotuí.

¿Dónde se concentraron los allanamientos?

Según la documentación judicial, las diligencias abarcaron principalmente:

Distrito Nacional: sectores como Gazcue, Don Bosco, Piantini, Miraflores, La Fe y La Zurza.

Santo Domingo Este: sectores como Alma Rosa y otros puntos del municipio.

Santo Domingo Norte: Villa Mella y Ciudad Modelo Norte.

Santo Domingo Oeste: Pantoja y zonas de Los Alcarrizos.

La Romana: varios inmuebles vinculados a investigados.

San Pedro de Macorís: al menos una residencia incluida en la investigación.

Cotuí, Sánchez Ramírez: varias propiedades relacionadas con personas investigadas.

Los allanamientos forman parte de las diligencias judiciales desarrolladas en torno al expediente Senasa 2.0, en el que las autoridades investigan presuntas irregularidades relacionadas con el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Cabe resaltar que la inclusión de una persona en la relación de allanamientos no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal deberá ser determinada por los tribunales conforme avance el proceso y se presenten las pruebas correspondientes.

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