América Latina trilla un camino peligroso que puede dar al traste con el sistema político y dar pie a un grave retroceso de los avances de la democracia y la consolidación institucional.
La primera clarinada la dimos cuando con un “golpe de Estado constitucional” se sacó a Dilma Rousseff del poder en Brasil, bajo la excusa de unas supuestas operaciones contables para traspasar fondos de un capítulo a otro. Luego, para ganarse la simpatía de la opinión pública, se le quiso embarrar con el caso Lava Jato, que es el origen del escándalo de Odebrecht.
Un congreso hostil, dominado por sus opositores políticos, logró sacar del poder a una presidenta que alcanzó la Primera Magistratura de manera legítima, con el voto de los brasileños.
Hoy una parte importante de la opinión pública celebra la renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, víctima de una trama de un Congreso controlado por sus opositores.
Para ganarse el aplauso de segmentos sociales que claman sangre en el circo político se le vincula al escándalo Odebrecht.
Los casos de Dilma y de Kuczynski deben ser una clarinada.
En ambos procesos se ha utilizado la seductora causa de la corrupción para justificar que un Congreso opositor saque del poder a un presidente electo de manera legítima.
El asedio congresual contra un presidente es tan perverso como el del Poder Ejecutivo contra un Congreso que no le es servil.
Antes de aplaudir la renuncia del Presidente del Perú meditemos sobre las causas reales y sus consecuencias.
Ya lo advertimos una vez, esta es la segunda. Ojalá que no tenga que haber una tercera.
