El diario La Estrella de Panamá publicó este miércoles una extracto de la vista fiscal entregada en abril pasado por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) al Órgano Judicial, en la que aparecen los nombre de las personas a las que se pide llamar a juicio por este caso.
Panamá.- La cúpula empresarial de Panamá pidió hoy “castigos ejemplares” para los responsables en el caso de los sobornos de Odebrecht, y que la actuación de la constructora brasileña sea investigada desde su llegada al país, en el 2006.
En una declaración en la que hizo referencia al acuerdo de colaboración entre la Fiscalía panameña y Odebrecht, validado el pasado jueves por un tribunal local, la directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) instó a la sociedad a ejercer “presión” y exigir “la rendición de cuentas” de parte de funcionarios y demás involucrados en la trama.
El gremio privado argumentó que investigar de “manera exhaustiva, todas las obras ejecutadas por ese consorcio desde su llegada al país hasta la fecha” evitará “dejar suspicacias” y asegurará “que el proceso sea transparente».
Odebrechet llegó a Panamá en 2006, de acuerdo a datos de la empresa, y es la principal contratista del Estado panameño, con una plantilla de 8.000 trabajadores, y actualmente ejecuta obras que superan los 3.000 millones de dólares.
Durante la audiencia celebrada el pasado jueves, la fiscal panameña anticorrupción, Zuleyka Moore, desveló las confesiones brindadas meses atrás por el exdirectivo de Odebrecht en el país Andre Rabello, según las cuales la constructora desembolsó decena de millones de dólares de forma irregular en Panamá.
En esa diligencia Rabello, en conexión directa desde el Consulado de Panamá Sao Paulo, Brasil, ratificó todo lo leído por Moore, un expediente que señala que los fondos irregulares llegaron a ministros y otros funcionarios del Gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), incluido dos de sus hijos.
Moore aseveró además que la constructora dio a la Fiscalía voluntariamente información de su actuación desde 2007, la cual, añadió la fiscal, no ha podido ser analizada y procesada “para obtener resultados».
“Ante tanto delito contra la administración pública, exigimos castigos ejemplares en el marco de la ley para quienes hayan asaltado el erario”, expresó la CCIAP, que en enero pasado expulsó a Odebrecht como miembro del gremio.
La CCIAP insistió en que la sociedad panameña “espera cambios profundos en el sistema de justicia y la actuación de los fiscales, así como ver fortalecida la institucionalidad”, al reiterar su propuesta de someter a la Justicia del país a una reforma constitucional.
En la audiencia del pasado jueves se ratificaron datos sobre el supuesto pago de los sobornos que habían sido filtrado a la prensa local durante el último año, y que ya han sido rechazados por casi todos los involucrados.
El sábado José Domingo Arias, el excandidato presidencial de Martinelli en el 2014, volvió a negar haber recibido millones de dólares de la constructora para su campaña de ese año, una cifra que según las delaciones de Rabello llegó a 10 millones de dólares.
El juez Óscar Carrasquilla validó el acuerdo firmado en julio pasado por la Fiscalía y Odebrecht, que establece el pago de una multa de 220 millones de dólares y el archivo de la causa contra la constructora en el país centroamericano.
