Todos los ciudadanos están sujetos a respetar y temer a la ley, pero como en ninguna parte del mundo sucede así -y República Dominicana no es la excepción- hay que imponer el respeto a la ley, sin extralimitarse de forma abusiva.
Todas las leyes contienen los mecanismos y recursos necesarios, y sujetos a su naturaleza, para hacer que se respeten.
La ley de Tránsito, por igual, obedece a idénticas características; y por tanto, las autoridades solo tienen el deber de hacerla cumplir.
La Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), de un tiempo a esta parte, se ha convertido en una institución que intenta hacer cumplir la ley ante los infractores.
Hay zonas que se convierten, ante los ojos de los agentes, en zonas de violación constante, fruto de la permisividad.
Son territorios con patente de corso para los choferes y conductores de vehículos privados para violar la ley de manera flagrante.
En el mapa crítico que maneja a diario la Amet están perfectamente identificados.
De tomarse como plan piloto, la institución podría disponer todo un operativo con un contingente de agentes y, sin retirarse, dándole seguimiento todos los días, sanear la situación.
Eso se consigue aplicando la ley correctamente, sencillamente.
No se trata de modificar la disposición para que contenga multas más drásticas, dotadas con un mayor monto.
No importa el monto si no existe el sentido de la disciplina y una actitud más cónsona con el problema, por parte de quienes tienen que imponer la disciplina en las calles y autopistas del país.
El argumento de solucionar un problema con una propuesta de modificación de ley no es la solución. Basta con imponer, sin dilación o excusas, el imperio de la ley vigente.
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