Creo que sería un grave error si el Gobierno y el Partido Revolucionario Moderno persiguen motorizar una reforma de la Constitución al margen de un consenso con las demás fuerzas políticas de oposición.

Quizás se pretenda imponer una mayoría relativa que tendrían las autoridades en el Congreso Nacional y así estructurar un proyecto que podría tener repercusiones de incalculables consecuencias.

Lo que menos conviene en los actuales es que el país sea sometido a tensiones innecesarias y fricciones que provoquen ruidos que lleven intranquilidad e incertidumbre, cuando ya el ambiente está cargado del impacto negativo de la inflación global y la situación de alzas en los precios de los principales artículos de la canasta básica.

Me inscribo entre los sectores que perciben que la coyuntura actual no condiciona un ambiente favorable a una discusión que conduzca a la convocatoria de la Asamblea Nacional y así reunificar las elecciones presidenciales con las congresionales y municipales.

Algunos funcionarios cercanos al presidente Luis Abinader han dejado entrever que existe la probabilidad de que el Gobierno y el PRM pudieran estar detrás sin la participación de los partidos de oposición y solo con el aval de la sociedad civil y de académicos.

Desde la oposición se teme que el trasfondo de una reforma constitucional pudiera ser una reducción del porcentaje del 50+1 para viabilizar una reelección de Abinader y retener el poder por otros cuatro años. Hay encuestas que ubican al PRM y a Abinader con simpatías que no sobrepasan el 36%, por cuya razón se percibe factible que se quiera promover un proyecto de reforma constitucional que allane el camino hacia la reelección.