Existe una enorme diferencia entre reclamar a las autoridades respetar y hacer cumplir las leyes migratorias y propiciar acciones contra grupos de inmigrantes solo por su origen.
El país tiene un grave problema migratorio con Haití, el cual deben abordar las autoridades conforme a lo que establecen las legislaciones dominicanas y el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes.
Se entiende que sectores nacionales exijan a las autoridades la implementación de políticas de control migratorio y el cumplimiento de las legislaciones en la materia.
Lo que no se puede permitir es que grupos de dominicanos, con un discurso nacionalista desviado, organicen acciones dirigidas de manera directa contra haitianos residentes legales o ilegalmente en el país.
Organizar turbas para apostarse frente a viviendas y vociferar consignas de agitación es tan ilegal como la inmigración ilegal que ellos denuncian y así lo establecen también las leyes dominicanas.
Además de que quienes así actúan incitan al odio y la violencia contra personas solo por su lugar de origen, algo aborrecible en cualquier escenario.
El Gobierno tiene la obligación de detener esas acciones, por ilegales y propiciadoras de violencia, antes de que en medio de la agitación se produzca un verdadero “crimen de odio”.
Las autoridades tienen la obligación de hacer cumplir las leyes migratorias y tomar medidas para evitar que extranjeros residan en el país de manera ilegal, pero también tienen el deber de detener manifestaciones contra personas por el simple hecho de proceder de un país, en este caso Haití.
