Desde un principio advertimos que la estela de insultos y calificativos que se trajeron en la discusiones surgidas luego de que el Tribunal Constitucional emitiera su controversial sentencia en la que esclarece los principios para obtener la nacionalidad dominicana mediante el “jus solis” en nada contribuiría a la solución de un problema de tales dimensiones, como es el de la masiva inmigración ilegal hacia República Dominicana.
Un debate sustentado en mentiras, insultos, irracionalidad e intereses ocultos nunca llevará a resultados satisfactorios y mucho menos a la solución de ningún problema.
Una de las manifestaciones de la irracionalidad ha sido el acoso y hasta amenazas vertidas contra personas o grupos de personas que han tenido activismo público en las discusiones en cuestión.
Los periodistas Huchi Lora, Roberto Cavada, Juan Bolívar Díaz y Amelia Deschamps han denunciado ser víctimas de acoso en lugares públicos y de amenazas.
Algunos medios periodísticos difundieron una proclama de un individuo llamando a acabar con la vida de varios de estos periodistas, lo cual constituye una franca violación al Código Penal vigente y la Ley 6132 sobre Difusión y Expresión del Pensamiento.
Como suele ocurrir con frecuencia, los periodistas resultan ser la parte más expuesta y por lo tanto no nos tomamos como algo “anecdótico” el acoso y las amenazas denunciadas ayer por los colegas.
En este caso, como en todos los demás, lo único que garantiza la convivencia civilizada es el cumplimiento de la ley, por lo que hacen bien los citados periodistas en llevar a los tribunales los casos de acoso y amenazas denunciadas. Toca a las autoridades no dejar ese tema en el olvido.
