Es un abuso intolerable el incidente con golpes a Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, a periodistas del Listín, y la destrucción de cámaras y otros equipos de prensa, por parte de policías de tránsito en el depósito de chatarras y vehículos confiscados que opera la DIGESETT en el antiguo Canódromo.

Es una intolerancia preocupante que autoridades municipales de San Pedro de Macorís se pongan de acuerdo para violar el derecho constitucional de quienes promueven los ritos del gagá en Semana Santa, prohibiendo su desfile en ese pueblo.

Ambos casos, distantes pero similares, muestran dos de los peores aspectos del orden público y el orden social dominicano. Cuando la Policía incauta motocicletas y vehículos sin orden judicial ni amparo legal, demuestra cuán frágil es el derecho a la propiedad privada.

Cuando los funcionarios prohíben cualquier expresión legalmente permitida, violentan sagrados derechos humanos y constitucionales. En ambos casos, si de verdad el Gobierno quiere demostrar cuánto hemos cambiado, deben aplicarse las sanciones legales más drásticas, sin impunidad para estos trujillitos que pugnan por sus fueros.