Cuatro días para abandonar el edificio viejo de la Suprema Corte: será clausurado el 30 de mayo

SANTO DOMINGO.- Solo quedan cuatro días para desalojar el edificio antiguo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) debido al deterioro de su infraestructura. Aunque ya se ha iniciado el proceso de salida, aún permanecen en el inmueble varias cortes penales y oficinas de la Procuraduría General, las cuales deberán ser trasladadas antes del 30 de mayo, fecha oficial de clausura.

En cuanto a las dependencias del Ministerio Público, se le preguntó a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso sobre el destino de dichas oficinas. La funcionaria se limitó a responder que «se trabaja en su reubicación», sin ofrecer mayores detalles al respecto.

Entre las dependencias que aún operan en el viejo edificio de la SCJ se encuentran: La Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos contra la Salud, la Procuraduría Especializada en Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Dirección General de Prisiones, entre otras oficinas relevantes del sistema judicial.

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El Poder Judicial ha reiterado que el cierre del edificio responde a una medida preventiva por razones de seguridad, fijando el 30 de mayo como fecha límite para el desalojo total.

Desde el pasado 20 de mayo, 19 de los 22 tribunales del Palacio de Justicia han comenzado a operar bajo la modalidad de audiencias virtuales. En ese período, se han conocido 734 procesos y están programadas otras 650 audiencias en las materias Civil, Contencioso Administrativo y Tributario.

Esta iniciativa se enmarca en la llamada Mudanza Digital, con la que se busca garantizar el acceso continuo a la justicia mediante medios tecnológicos, según informó el Poder Judicial.

La transición a lo virtual está respaldada por una resolución del Pleno de la SCJ, que establece esta modalidad con excepción de los casos penales y los procedimientos de embargo inmobiliario, que continuarán de forma presencial en el Edificio del Registro Inmobiliario.

De acuerdo con el reporte del Servicio Judicial, entre el 6 y el 23 de mayo fueron atendidas 4,284 personas, y se registraron 2,559 usuarios en la plataforma de Acceso Digital, de los cuales el 76.4% son abogados y el 23.6% ciudadanos. Además, se realizaron 5,712 trámites, de los cuales 5,183 (90.74%) se gestionaron a través de medios digitales, incorporando 39 entidades al proceso.

Entre las medidas adoptadas por el Poder Judicial ante el cierre del edificio también se dispuso que el 48% de los jueces y servidores judiciales asignados a esa sede trabajen de forma remota. Asimismo, se instalaron cabinas digitales en todos los departamentos judiciales del país, mientras que las audiencias presenciales se realizarán en el ya mencionado Edificio del Registro Inmobiliario.

Acción del Colegio de Abogados contra las audiencias virtuales

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) presentó una acción de amparo constitucional de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra el Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, alegando que la imposición obligatoria de audiencias virtuales en los tribunales del Distrito Nacional representa una grave violación al derecho de acceso a la justicia y al derecho al trabajo de los abogados.

La acción fue interpuesta por el presidente del CARD, Trajano Potentini, junto a un equipo de juristas, alegando violaciones a derechos constitucionales fundamentales.

Potentini argumenta que la resolución del Pleno de la SCJ y la circular de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, que establece el uso obligatorio de plataformas digitales para la celebración de audiencias, restringen derechos esenciales como: El acceso real y efectivo a los tribunales, El debido proceso legal; La tutela judicial efectiva y el derecho al trabajo digno de los profesionales del derecho.