Cuando un apagón se convierte en vulnerabilidad nacional

Este domingo, el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) vivió una situación que debe llamar a la reflexión nacional: una avería eléctrica interna dejó sin energía al edificio terminal durante horas. Los pasajeros quedaron varados, los sistemas de migración y aduanas se apagaron y las operaciones básicas de control quedaron suspendidas, mientras la torre de control y la pista continuaban funcionando gracias a sistemas de respaldo.

A simple vista, podría interpretarse como un fallo técnico aislado. Sin embargo, lo ocurrido expone algo mucho más preocupante: la fragilidad de nuestra infraestructura crítica y la ausencia de una política clara de resiliencia en uno de los principales puntos de entrada del país. No hablamos únicamente de un inconveniente pasajero para los viajeros, sino de un episodio que demuestra hasta qué punto nuestras fronteras pueden quedar vulnerables frente a contingencias que deberían estar previstas.

La administración del aeropuerto recae en Aerodom, bajo un contrato de concesión de 30 años, pero el deber de supervisión corresponde también al Estado, a través de instituciones como el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), la Junta de Aviación Civil (JAC) y el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria (CESAC). Y aquí surge la pregunta que no podemos obviar: ¿cómo es posible que un aeropuerto internacional carezca de sistemas de emergencia capaces de sostener la operación del terminal civil en caso de una contingencia? En aviación y seguridad, la redundancia no es un lujo ni un gasto adicional: es una obligación para proteger vidas, fronteras y la reputación nacional.

Lo ocurrido en el AILA no solo provocó retrasos y molestias, también puso en riesgo el control migratorio y aduanero. Con los sistemas apagados, se abre la posibilidad de irregularidades delictivas. Sin escáneres ni rayos X, la detección de drogas, armas o mercancías ilícitas se debilita notablemente. Y a esto se suma una dimensión intangible, pero no menos peligrosa: la imagen internacional. Cuando un aeropuerto se paraliza por un apagón, el mensaje que se proyecta es el de un país frágil, incapaz de garantizar la continuidad de su infraestructura más sensible.

Hemos insistido en diversas ocasiones en la necesidad de reforzar nuestras infraestructuras críticas: aeropuertos, puertos, energía, telecomunicaciones y agua. Lo sucedido en el AILA confirma que seguimos sin atender este asunto con la seriedad que requiere. Si una terminal aérea puede quedar indefensa por una avería interna, ¿qué podríamos esperar frente a un desastre natural, un ciberataque o un sabotaje deliberado? La vulnerabilidad está a la vista y constituye un riesgo real para la seguridad nacional.

La lección es clara. En tiempos como los que vivimos, cualquier cosa puede ocurrir. Pero lo más importante, como siempre hemos insistido, es anticiparse y trabajar en la prevención. Un aeropuerto sin respaldo eléctrico no es solo un edificio a oscuras: es una grieta abierta en la defensa del país. La República Dominicana no puede permitirse seguir improvisando en un tema tan delicado. Proteger nuestras infraestructuras críticas es proteger la soberanía, la economía y la confianza de la nación. Y esa es una responsabilidad que no admite excusas ni demoras.

Si bien es cierto que existe una concesión de contrato, no es menos cierto que el Estado debe supervisar de manera estricta que se cumplan los parámetros básicos de seguridad, para que un apagón no vuelva a convertirse en una vulnerabilidad nacional.