Hace tres semanas salió a relucir una denuncia sobre supuestas irregularidades cometidas por el director del Programa de Reducción de Apagones (PRA). Dos días después el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Radhamés Segura, suspendió al funcionario en cuestión y dispuso la realización de una auditoría.
Ayer se anunciaron los resultados de las indagatorias y se dispuso remitir el expediente al Ministerio Público para que inicie las diligencias procesales correspondientes ante los indicios de corrupción detectados en la citada auditoría.
Todo eso ocurrió en menos de tres semanas, con lo que el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales le rinde un importante servicio a la lucha contra la corrupción. Se demostró que cuando hay voluntad se pueden atacar las irregularidades en la administración de los fondos públicos.
Esa actitud también pone al desnudo la falta de voluntad en la Cámara de Cuentas de cumplir con su deber.
Desde principios de enero de este año, es decir hace cinco meses, ese organismo ordenó la realización de una auditoría a la Lotería Nacional, cuyo administrador dispuso regalar 27 millones de pesos en juguetes a legisladores y otros amigos, para que éstos a su vez los repartieran. A simple vista, se trata de una operación que violenta los más elementales principios de la correcta administración de los recursos del Estado .
Sin embargo, la Cámara de Cuentas, cinco meses después, supuestamente, no termina su trabajo en este caso y tiene varios meses sólo diciendo que está en su fase final.
La población tiene el derecho de saber los resultados de la auditoría a la forma en que la Lotería Nacional repartió esos recursos. Si la Cámara de Cuentas entiende que no hubo ninguna irregularidad, que lo diga, pero si hubo manejos inadecuados, entonces, ¿qué tapa?
