Los grandes eventos tienen la capacidad de transformar temporalmente el ritmo de una ciudad. Cambian las rutas, aceleran reparaciones, movilizan instituciones y colocan bajo atención espacios que durante años permanecieron relegados. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe han producido ese efecto en Santo Domingo; instalaciones recuperadas, vías intervenidas, entornos mejorados y una ciudad que procura mostrarse organizada ante miles de visitantes.
Ese esfuerzo merece ser reconocido. Organizar una competencia regional de esta magnitud exige inversión, planificación, coordinación y disciplina institucional. También obliga a responder dentro de plazos concretos, algo que muchas veces resulta difícil en la gestión pública cotidiana. Cuando existe una fecha de apertura que no puede aplazarse, las decisiones avanzan, los trabajos se supervisan y las obras deben concluir.
Ahí aparece una primera lección. La ciudad ha demostrado que puede reaccionar cuando existe voluntad, liderazgo y presión por cumplir. Esa capacidad no debería reservarse para las ocasiones extraordinarias. Los ciudadanos también necesitan respuestas oportunas cuando reclaman una acera segura, una calle iluminada, un parque limpio, una instalación deportiva abierta o un sistema de transporte más ordenado.
Los Juegos pasarán. Las delegaciones regresarán a sus países, los escenarios quedarán en silencio y la atención pública se moverá hacia otros temas. Será entonces cuando comenzará la evaluación más importante. El éxito no dependerá únicamente de las medallas obtenidas ni de la calidad de las ceremonias, sino de la utilidad que conserven las inversiones realizadas.
Una obra pública adquiere valor cuando permanece al servicio de la gente. Los pabellones, piscinas, canchas y estadios deben tener mantenimiento, administración, seguridad y programación constante. No basta con reconstruirlos para una competencia; hay que garantizar que puedan ser utilizados por atletas, estudiantes, clubes, federaciones y comunidades después del evento.
El legado también debe sentirse en el espacio urbano. Las mejoras en movilidad, limpieza, iluminación y accesibilidad no deberían desaparecer al terminar los Juegos. Lo que funcionó durante la competencia debe ser evaluado y, cuando resulte conveniente, incorporado a la vida diaria de la ciudad.
Este desafío requiere responsabilidades claras. El Gobierno central puede financiar grandes intervenciones, pero los ayuntamientos tienen un papel decisivo en la conservación del entorno, la gestión de residuos, el ordenamiento del espacio público y la protección de las áreas comunes de la ciudad. Sin coordinación entre instituciones, muchas obras terminan envejeciendo antes de cumplir su propósito social.
También corresponde a la ciudadanía participar en el cuidado de lo construido. El deterioro de los espacios públicos no es responsabilidad exclusiva de las autoridades. Respetar las instalaciones, cumplir las reglas de uso y defender su carácter colectivo forma parte de una cultura urbana que todavía necesitamos fortalecer.
El reto consiste en impedir que el entusiasmo sea pasajero. Cada instalación debe integrarse a una visión de ciudad, con metas de uso, presupuestos identificados, rendición de cuentas y participación comunitaria. De esa manera, el legado dejará de ser una promesa abstracta.
Los Juegos representan una celebración deportiva, pero también una oportunidad para cambiar la relación de Santo Domingo con sus obras. La verdadera victoria será demostrar que el impulso de estos días puede convertirse en una política permanente de mantenimiento, planificación y servicio.
Cuando se apague el pebetero. Y con ella, la obligación de preservar cada inversión, aprovechar cada instalación y convertir el esfuerzo realizado en una mejor calidad de vida para todos.
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