Cuando los conflictos sociales superan la respuesta del gobierno

Experta en seguridad y defensa. Directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE)

Las estadísticas de seguridad no son simples cuadros numéricos. Detrás de cada porcentaje hay vidas perdidas, familias afectadas y señales que deberían orientar la acción estratégica del gobierno. Por eso, cuando los datos oficiales identifican una causa recurrente de homicidios, la pregunta debe ser: se han aplicado políticas públicas suficientes para enfrentarla.

Los propios informes oficiales muestran que una parte importante de los homicidios está asociada a conflictos sociales y violencia interpersonal. El problema, entonces, no parece estar en la falta de información, sino en la debilidad de una política estratégica de seguridad capaz de responder a lo que esos datos revelan.

Desde mi labor como directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE), he analizado los resúmenes ejecutivos de criminalidad de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, denominados “Análisis Estadístico Criminalidad”, correspondientes al período diciembre de 2025 a junio de 2026. La lectura de esos documentos permite pasar del diagnóstico general de la violencia homicida a sus causas más concretas.

La primera señal aparece en la categoría “Conflicto Social”, que incluye riñas, conflictos interpersonales, disputas familiares y violencia doméstica. Durante la mayor parte de la serie analizada, esta categoría se mantuvo entre las principales causas de homicidios: representó el 48.3 % en diciembre de 2025 y osciló entre el 26.7 % y el 42.7 % durante los primeros meses de 2026.

El dato se vuelve más revelador cuando el propio informe, en el registro número 142, reconoce que “la riña es la principal causa de homicidio en todas las categorías”. Es decir, el problema no se agota en la delincuencia común ni en el crimen organizado: una parte significativa de las muertes violentas nace de conflictos cotidianos que escalan hasta convertirse en homicidios.

Si una parte relevante de los homicidios se origina en disputas sociales, la respuesta no puede limitarse al patrullaje ni a los operativos coyunturales. La experiencia internacional muestra que este tipo de violencia requiere mediación comunitaria, atención psicosocial, prevención de la violencia doméstica, recuperación de espacios públicos, trabajo social y programas sostenidos de convivencia. Sin embargo, esas líneas de acción no aparecen documentadas con claridad en los informes oficiales dominicanos.

A esa ausencia de respuesta se suman limitaciones metodológicas que dificultan la transparencia. La categoría “Conflicto Social” no posee una definición operacional pública que permita verificar cómo se clasifican los casos. Tampoco existe un protocolo público para determinar cuándo una muerte se registra como delincuencia, conflicto social o acción legal. En consecuencia, ningún actor externo puede auditar con rigor la clasificación de los homicidios reportados.

La misma falta de claridad afecta otra categoría sensible: las muertes clasificadas como “Acción Legal”. Mientras el Gobierno resalta la reducción general de homicidios, esa proporción pasó de 13.6 % en diciembre de 2025 a 37.1 % en junio de 2026. En apenas seis meses, las muertes causadas por agentes del Estado casi se triplicaron dentro de la composición de los homicidios registrados, sin una explicación pública suficiente ni información sobre cuántos casos han sido revisados por una instancia judicial independiente.

La opacidad también alcanza el seguimiento de los casos. Entre un 10 % y un 18 % de los homicidios permanecen clasificados como “En Proceso de Investigación”. Se publica cuántos dominicanos son asesinados, pero no cuántos homicidios se esclarecen cada mes, cuántos responsables son sometidos a la justicia ni cuántos reciben condena. Sin tasa de esclarecimiento, no es posible evaluar la efectividad real del sistema de justicia.

En ese contexto, trasladar la responsabilidad únicamente a los ciudadanos resulta insuficiente. La función del Gobierno no es solo registrar los conflictos, sino intervenir sobre sus causas: la falta de mediación comunitaria, la insuficiente atención a la salud mental, la debilidad en la prevención de la violencia intrafamiliar y la escasa presencia institucional en comunidades de alta conflictividad.

Las estadísticas oficiales no solo describen el problema. También señalan dónde debería concentrarse la respuesta, los conflictos sociales continúan cobrando vidas en todo el territorio nacional. Lo que sigue ausente es una política pública de prevención capaz de reducirlos de manera consistente.

Cuando los homicidios continúan originándose en disputas que pudieron prevenirse, la conclusión es inevitable: el gobierno sigue llegando después de los hechos, cuando su responsabilidad era impedir que ocurrieran.