La intervención internacional en Haití, al parecer inminente tras solicitarla las ilegítimas autoridades que han sobrevivido al caos que impera en ese territorio y también reclamada insistentemente por la República Dominicana, plantea un grave reto pues la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) que legalizaría esa acción ha sido reiterativamente hostil hacia los dominicanos con respecto a la falsa apatridia de haitianos residentes aquí.
Las agresiones al Derecho dominicano han sido perpetradas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, una agencia de la ONU conocida indistintamente por su sigla en español como ACNUR o en inglés como UNHCR.
Ambas entidades definen a los apátridas como personas que no son reconocidas por ningún Estado como ciudadanos suyos y arguyen que los derechos humanos de centenares de miles de residentes haitianos en la República Dominicana, mayormente ilegales, son violados por el Estado al negarles la nacionalidad dominicana. Eso es mentira.
Aparte de desconocer las disposiciones de la Constitución dominicana sobre la nacionalidad y cómo ésta se adquiere (nacer aquí no basta), las sentencias judiciales de las altas cortes dominicanas al respecto y las medidas gubernamentales para aplicar las leyes en vigor, la ACNUR agrega más incordios, mediante reiteradas solicitudes públicas para que no sean deportados inmigrantes ilegales que alegan erróneamente que son dominicanos.
Insolencia insistente
Hace unos días, la CIDH “recordó” mediante una declaración de prensa “los 10 años de la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0168/13 que resultó en la privación arbitraria de nacionalidad dominicana a un número considerable de personas y dejó apátridas a quienes no eran consideradas nacionales de ningún otro Estado”.
La CIDH instó a la República Dominicana “a adoptar medidas efectivas para restituirles el derecho a la nacionalidad a las personas que aún persisten en esa condición y abstenerse de adoptar leyes, políticas públicas y/o medidas legislativas, administrativas o judiciales que generen riesgos de apatridia en el país”.
El atrevimiento o descaro de la CIDH, ante un peligro inexistente, sin embargo, reconoce que “la aplicación de la Ley 169-14 restituyó el estatus jurídico anterior a la sentencia TC/0168/13 y el Gobierno ordenó expedir sus documentos como dominicanos a 60,773 personas identificadas por la Junta Central Electoral (JCE)”.
Sólo 26,123 de esas personas acudieron a retirar sus documentos y las restantes 34,610 no han ido a reclamarlos. El Gobierno además identificó a 7,159 personas aprobadas para registrarse en un plan de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular, que transcurridos dos años pueden solicitar la naturalización. Tras depurar los expedientes, en 2020 y 2021 mediante decretos se otorgó la naturalización a 799 personas.
Editorial de EL DÍA
Este periódico editorializó el lunes que la ONU “insiste en afirmar que son apátridas los hijos de haitianos residentes ilegales en República Dominicana a los que no se les ha concedido la nacionalidad dominicana”.
“Esa comisión, llena de expertos, sabe que miente de manera descarada. La condición de apatridia no es una opción que se ejerce unilateralmente ni tampoco es un estatus migratorio. Alguien es apátrida cuando por cualquier circunstancia carece de al menos una nacionalidad.
La misma estructura de la denuncia lo desnuda cuando hablan de ‘apatridia de hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano’. Si es hijo de haitianos no puede ser apátrida porque tiene garantizada la de sus padres [según la Constitución de Haití]”, agrega ese editorial.
Por tanto, razona acertadamente EL DÍA, nadie puede declararse voluntariamente como apátrida sólo por preferir una nacionalidad distinta a la que legalmente le corresponde. “Resulta sospechoso -sigue el editorial— que un organismo lleno de técnicos persista en repetir esa mentira como si se tratara de la parte visible de un libreto cuyas escenas finales desconocemos”.
Cómplices criollos
Entidades de la sociedad civil alegan que más de 34,000 personas no han “recuperado sus documentos de identidad dominicanos”, refiriéndose a la misma cantidad que nunca procuró beneficiarse de la aplicación de la Ley 169-14 tras la sentencia TC/0168/13. No se trató nunca de “recuperar” un invocado derecho, sino de regularizar el estatus migratorio de un porcentaje mínimo de los inmigrantes ilegales residentes aquí.
Según la CIDH, hubo “revocación de la nacionalidad de personas nacidas en la República Dominicana después de 1929, la mayoría de ascendencia haitiana” y eso ha provocado casos de apatridia intergeneracional en niños nacidos de madres y padres en situación migratoria irregular sin derecho a la nacionalidad dominicana.
José Báez Guerrero
Mienten al alegar que la falta de documentos de identidad provoca el “abandono de la escolaridad de niños, quienes ingresan al entorno laboral a una edad muy temprana, mientras que las niñas se ven en riesgo de ser sometidas a relaciones abusivas o a la trata de personas por la precariedad socioeconómica en la que viven”, citando un problema que no es resultado de ninguna política estatal dominicana sino de la situación interna de Haití, incapaz no solo de gobernarse sino que carece de un registro civil para dotar a sus ciudadanos de documentos de identidad.
Al contrario de lo que dice la CIDH, de esos niños haitianos por ser hijos de haitianos que residen irregularmente en la República Dominicana, la mayoría nace en hospitales públicos dominicanos, asiste a escuelas públicas dominicanas y vive en el país por preferirlo al suyo propio.
¿Qué hacer?
Como parte de los esfuerzos de la Cancillería para defender el interés nacional ante los peligros del caos en Haití, urge concienciar a la opinión pública internacional sobre cuán errados son los juicios de la CIDH y el ACNUR sobre la inexistente apatridia, así como afinar la representación jurídica dominicana ante esos organismos que con su impostada ignorancia ofenden e insultan la dignidad y el Derecho de la República Dominicana.
