Santo Domingo.- La niña que falleció en Los Guandules a manos de sus tutores, quienes debieron protegerla, no es solo una víctima más: es el reflejo más doloroso de lo que ocurre cuando el sistema de protección a la infancia falla.
Su historia, marcada por señales previas, advertencias vecinales y un entorno altamente vulnerable, expone las grietas de un modelo institucional que no logra prevenir ni intervenir a tiempo.
Cuando las alertas se ignoran, las instituciones no se comunican y el maltrato queda atrapado en el silencio del hogar, el resultado puede ser irreparable.
“La gran debilidad del Estado es la falta de coordinación de acciones”, afirma con contundencia Dilia Leticia Jorge Mera, exviceministra y abogada especialista en derechos de la niñez.
Las cifras confirman la gravedad del problema: solo en 2022, el maltrato físico en menores de cinco años aumentó un 45 % respecto al año anterior, según el Análisis de la situación de niños, niñas y adolescentes ante la violencia en República Dominicana. En comparación con 2020, el incremento fue del 309 %.
Para Jorge Mera, cada institución, pública o privada, que trabaje con niños debe contar con un protocolo claro y obligatorio para actuar ante cualquier sospecha de abuso. La falta de procedimientos eficaces permite que señales de alerta se disipen en una cadena burocrática que, en lugar de proteger, posterga.
Una realidad que se repite a diario
La directora del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, Dra. Dhamelisse Then, confirma que este no es un fenómeno aislado. En la unidad de género infantil del hospital se atienden hasta tres casos diarios de menores víctimas de distintas formas de maltrato: físico, sexual, emocional y negligencia. Muchos llegan con lesiones visibles: hematomas, fracturas, traumas abdominales o contusiones en la cabeza.
La pediatra Paola Cuevas advierte que los casos más comunes detectados en consulta son menos evidentes, como falta de seguimiento médico o desnutrición.
“En esos casos, orientamos a los cuidadores, que muchas veces no reconocen que eso también es maltrato”, señala.
Cuando se detectan señales más graves, se involucra al área de trabajo social, psicología y, si es necesario, se hace la denuncia formal ante las autoridades.
Sin embargo, muchos de estos niños no llegan por acción del sistema, sino porque alguien, vecinos, maestros o familiares, decide intervenir.
El sistema educativo y una falla crítica
Uno de los vacíos más preocupantes se encuentra en el sistema educativo. La psicóloga infantil Marina Orbe explica que, ante indicios de maltrato, las escuelas emiten notificaciones escritas dirigidas a los padres, quienes deben firmarlas y responder. Pero ¿qué sucede cuando el agresor es precisamente uno de los padres?
Esta práctica, lejos de proteger, puede poner en riesgo al menor, porque muchas veces el hogar es el lugar donde ocurre la violencia. La falta de herramientas legales y operativas para que los centros educativos actúen de forma directa constituye un vacío institucional grave que mantiene a los menores expuestos a contextos dañinos.
Propuestas para cerrar las brechas
Dilia Leticia Jorge Mera propone la creación de “células comunitarias” en las alcaldías, por ser las instituciones más cercanas a la ciudadanía. Estas células funcionarían como puntos de atención primaria, orientación y derivación de casos de violencia infantil.
“Vuelvo y repito, pienso que todavía necesita mucho conocimiento. Hace falta que la gente sepa a dónde ir”, enfatiza.
También insiste en reforzar la salud mental escolar mediante orientadores y psicólogos preparados. “Las herramientas existen, pero hay que fortalecerlas con más personal, formación adecuada y protocolos funcionales”, sostiene.
Además, advierte sobre las ambigüedades en el nuevo Código Penal, que permiten a los padres “disciplinar” a sus hijos bajo el supuesto marco del “interés superior del menor”. “¿Qué significa eso? No se especifica. Esa ambigüedad puede servir para justificar abusos y debe ser eliminada”, advierte.
Trauma, rehabilitación y el papel del Estado
La mayoría de los niños víctimas de violencia llegan a terapia psicológica cuando ya han pasado por un proceso institucional previo, explica Orbe: “Los traen madres, tías, tutores o maestros. Pero muchas veces llegan tarde, cuando ya el daño emocional es profundo”.
De su lado, el terapeuta familiar Julio Sánchez alerta sobre las consecuencias del trauma en sobrevivientes y hermanos de las víctimas.
“Muchos niños que presencian abusos desarrollan miedos extremos, culpa o el pensamiento de que pudieron haber evitado lo ocurrido. Con ellos, el trabajo terapéutico es esencial para evitar traumas generacionales”, señala.
Mientras tanto, Luis Vergés, exdirector del Centro Conductual para Hombres, afirma que el sistema penitenciario dominicano mantiene una deuda histórica con la salud mental.
“Yo tengo entendido que hay varios de los centros que tienen psicólogos y psiquiatras nombrados, no en la misma magnitud como debería. También que hay uno que otro centro que tienen unidades de intervención que pudieran reunir las condiciones, pero la mayor de los centros no lo tienen, entonces eso te dice a ti que es un desafío que tenemos que enfrentar.”, asegura.
Vergés también cuestiona la falta de respuestas efectivas, incluso cuando las denuncias existen.
“Ha quedado muy expuesto el Estado, porque hubo personas que denunciaron, que dijeron que estaba pasando algo y hablaron con una determinada funcionaria y entonces hubo una burocracia que aquí no es, que es en otro sitio, vaya allí, vaya allá”, critica.
Para él, el problema no es solo institucional o normativo: es de compromiso.
“El compromiso está por encima de todo. De hecho, hay un principio ético que establece que, con tal de salvar una vida, uno puede saltarse cualquier regla. Lo que está en juego es la vida de un niño.”
El especialista advierte que, ante cada desenlace trágico, hay múltiples niveles de responsabilidad compartida.
“No se trata de buscar un solo culpable, porque en estos casos se combinan fallas en lo familiar, lo individual, lo social y lo cultural. Y cuando se produce una muerte evitable, todas esas áreas han fallado.”
Esta brecha no es exclusiva del sistema penitenciario.
Según el estudio “Impacto de la salud mental en el Sistema de Salud Dominicano”, República Dominicana se encuentra entre los diez países de América Latina con mayor carga de trastornos mentales, afectando a cerca del 20 % de su población con condiciones como depresión, ansiedad, trastorno bipolar y esquizofrenia.
Sin embargo, el país destina menos del 1 % de su presupuesto de salud a esta área, muy por debajo del 5–10 % recomendado por la OMS.
¿Dónde está la reparación?
El abogado Carlos Felipe critica la falta de respuestas del Estado ante su obligación constitucional de proteger a la infancia. Cita el artículo 148 de la Constitución, que establece la responsabilidad patrimonial del Estado ante casos donde funcionarios, por omisión o negligencia, fallan en su deber de protección.
“Cuando el Estado no actúa, debe responder. Esa reparación es una deuda con las víctimas”, afirma.
En esa misma línea, el abogado Eduard Moya recuerda que la Constitución dominicana es una de las más modernas de la región, pero carece de mecanismos de cumplimiento.
“No podemos quedarnos en la utopía constitucional. Es necesario que las sentencias contra el Estado se cumplan y que las víctimas encuentren reparación real, no solo simbólica”, sostiene.
Conclusión
La historia de la niña de Los Guandules, como la de cientos de menores en República Dominicana, no puede quedar atrapada en la estadística ni en la indignación momentánea. Las instituciones deben actuar antes, con contundencia, articulación y compromiso.
Porque mientras el Estado llega tarde, la infancia paga con su vida.
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Katherine Espino
Katherine Nicole Espino Cuevas. Periodista, locutora profesional y CMM. Máster en Comunicación Política Avanzada por Next Educación (Madrid). Amante de la escritura bien hecha, las historias con sentido humano y las causas sociales. Creo en la comunicación con propósito, en los valores y en...
