En ocasión de la declaratoria de Estado de Emergencia, el 19 de marzo, el Consejo del Poder Judicial, dispuso la suspensión de las labores administrativas y jurisdiccionales, exceptuando aquellos procedimientos de urgencia para la protección de los derechos fundamentales.
Desde entonces el Poder Judicial, en particular, y el sistema de justicia, en general, entró en un letargo motivado por la Covid-19.

Lo cuestionable es que el estado de somnolencia está resultando demasiado profundo y prolongado, ya que el país puso en marcha el plan de desescalada y reactivación de las actividades económicas.

Si bien el Consejo del Poder Judicial, impulsado por la visión de su presidente, el magistrado Luis Henry Molina, ha tomado medidas modernizadoras tendentes a la digitalización y virtualización de los servicios judiciales, el plan de continuidad establecido el 19 de mayo de 2020 no responde a la realidad.

Las actividades comerciales están volviendo a su normalidad con las debidas medidas de protección, al igual que la mayoría de las entidades públicas. Sin embargo, el Poder Judicial sigue con medidas parecidas a los primeros momentos de la pandemia, lo que es contrario a la eficiencia y eficacia del servicio judicial virtual puesto en marcha

La sujeción a procedimientos de urgencia durante la primera parte del plan de continuidad del Poder Judicial, que no tiene fecha de finalización, en estos momentos de reanudación de las actividades, termina vulnerando el derecho de acceso a la justicia y a otros derechos fundamentales.

Un ejemplo palpable son las revisiones de prisión preventiva que debieron ocurrir meses atrás; pero a la fecha todavía no reciben respuesta del sistema de justicia, cuando lo que está en juego es la libertad.

El servicio judicial virtual en esta etapa se aleja de la realidad de la desescalada y dista de sus grandes beneficios. La gente está retornando a sus actividades con los retos que comporta el virus.

El sistema de justicia no puede quedarse atrás. Hay que flexibilizar, descentralizar las decisiones operativas de los tribunales y permitir el arranque de los procedimientos ordinarios, que, aunque no sean urgentes, están ligados al ejercicio de derechos fundamentales.
¿Cuándo despertará la justicia de este adormecimiento? Soñando los derechos fundamentales son ilusorios.