Santo Domingo. – La ola de escándalos por corrupción administrativa en los últimos tiempos y la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril, en la que colapsó el techo del centro nocturno Jet Set dejando 236 víctimas mortales, ha vuelto a poner en la palestra la urgente necesidad de reformar el Código Penal dominicano.
Sectores de la sociedad civil, juristas y ciudadanos han expresado su preocupación ante lo que consideran una justicia permisiva, en la que los acusados de delitos graves, como la malversación de fondos públicos, logran su libertad mediante el pago de fianzas o garantías económicas.
El actual Código, con décadas de vigencia, ha sido objeto de múltiples intentos de reforma, pero hasta el momento no se ha logrado un consenso político para su aprobación definitiva
Pero… ¿Cuál es la medida de coerción más usada en RD?
Las medidas de coerción son aquellas que pretenden sujetar a la persona en conflicto con la ley penal al proceso, es decir, que de manera coercitiva debe asistir, por lo que existen siete tipos de medidas de coerción en el artículo 226 del Código Procesal Penal.
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En República Dominicana la medida de coerción más dictada es la prisión preventiva, esto porque según el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, el Ministerio Público decide elegir la más drástica pese a lo que estipula la Constitución y el Código Procesal Penal que se debe emplear como la excepción. Sin embargo, el MP considera que sin reclusos no hay casos.
Luego de la prisión preventiva, la medida más usada es la garantía económica o fianza, esta suele ser más utilizada por personas de mayores recursos monetarios, seguido del arresto domiciliario –que igual corresponde a prisión–, la cuarta más utilizada es el impedimento de salida y presentación periódica que por lo regular se le dicta a las personas con riesgos de fuga, en el quinto lugar está el localizador electrónico; una de las medidas más caras por los gastos que requiere el dispositivo y por lo que es utilizada con los imputados de más ingreso adquisitivo.
De acuerdo a los gastos que se debe incurrir en cada una de estas medidas –las que incluyen pagos como libertad bajo fianza o inversiones con grilletes electrónicos–, las personas de menos recursos son los que más suelen recibir la medida de prisión preventiva en el país.
Esto explica las razones de por qué las cárceles del país albergan una población de más del 64% del total de todos los presos bajo la medida de prisión preventiva, es decir que aún no han sido condenados y esperan por una sentencia final.
Estas medidas han empujado al hacinamiento extremo y la violación de los derechos fundamentales de los privados de libertad, según explicó a El Día el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública.
Casos que han impactado a la sociedad y las medidas impuestas
Algunos de los casos que más han impactado a la sociedad en la última década en su mayoría a los acusados se les ha impuesto prisión preventiva, a otros arresto domiciliario más el pago de fianza en los casos que han sido de malversación de fondos del erario.
Caso Odebrecht
En 2017, el caso Odebrecht causó un escándalo internacional en el que la constructora brasileña confesó haber pagado más de US$92 millones en sobornos para conseguir obras en el país.
A algunos imputados en estos casos les fue impuesta prisión preventiva, como a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Mientras que en el caso de otros les fue establecido arresto domiciliario y presentación periódica.
Operación Antipulpo
Para 2020, el país se estremeció con el caso Antipulpo, en el que estaba involucrado nada más y nada menos que el hermano del expresidente Danilo Medina por presuntas redes de corrupción en contratos estatales.
Al hermano del expresidente, Alexis Medina, le fue dictada la medida de prisión preventiva, al igual que a otros de los involucrados en el sonado caso.
Mientras que a otros de los implicados les fue impuesto impedimento de salida, grilletes electrónicos y presentación periódica.
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Operación Coral
En 2021 llegó otro caso que se convirtió en una secuencia de escándalos provenientes del anterior gobierno liderado por el exmandatario, Danilo Medina, y que estaba siendo malversado desde diversos sectores por su hermano, Alexis Medina, según las acusaciones del Ministerio Público.
Este caso involucraba a los miembros del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) por malversación de fondos públicos.
Le fue impuesta la medida de prisión preventiva al general Adán Cáceres y a la pastora Rossy Guzmán como parte de las figuras principales en el caso.
A otros se les dictó arresto domiciliario, garantía económica y presentación periódica.
Caso Fonper
En 2020, con el cambio de gobierno en el país, se destaparon muchos casos de corrupción vinculados al Estado, y uno de ellos fue el Caso Fonper, en el que se investigaba la gestión del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas por manejo irregular de fondos públicos.
Por el caso fueron imputados: Fernando Rosa, Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalys Medina Sánchez y Aquilino Castillo.
La presentación periódica y la garantía económica fueron las medidas dictadas por la Justicia a algunos de los implicados en el caso que estaba directamente vinculado con el Antipulpo.
Operación Medusa
La Operación Medusa en 2021 fue uno de los más resonados por la implicación del exprocurador Jean Alain Rodríguez por supuesta corrupción, lavado de activos y asociación de malhechores.
Al exprocurador Jean Alain le fue impuesta la medida de prisión preventiva y luego pasó a ser arresto domiciliario. Los demás acusados fueron beneficiados con el grillete electrónico, impedimento de salida y presentación periódica.
Operación Calamar
Para 2023 se destapó la Operación Calamar, en el que involucraba a exministros como Donald Guerrero y Gonzalo Castillo en desvío de fondos públicos.
A los imputados Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo les fue impuesto el arresto domiciliario, grillete electrónico e impedimento de salida como medida de coerción.
Caso Supérate
El Caso Supérate en 2022, uno muy sonado sobre todo en los barrios del país, en el que los denominados “Chiperos” hicieron un fraude millonario que superaba los RD$100 millones con la sustracción y clonación de tarjetas del programa de asistencia social de más de 30 mil beneficiarios del programa.
A los implicados les fue dictada la medida de coerción de garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida.
Caso Jet Set
El más reciente caso que, aunque no de corrupción ni de estafa al dinero de todos, ha afectado a la sociedad en sentido general con la pérdida de 236 personas tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set y que señala como responsables a los dueños del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat.
A los imputados les fue dictada la medida de coerción consistente en garantía económica y predentación periódica e impedimento de salida.
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Génesis García
Amante de la buena comida, las buenas conversaciones y la comedia. Locutora y Periodista, me gusta escribir de turismo y temas sociales.
