SANTO DOMINGO. – Diversas organizaciones criticaron el lunes los supuestos privilegios «irritantes» con los que llegarán a las prisiones los presuntos implicados en los sobornos millonarios de la constructora Odebrecht en República Dominicana.

«Hay descontento y desaprobación por esos privilegios», dijo a The Associated Press Jesús Adón, uno de los voceros de la denominada Marcha Verde, que surgió de forma espontánea este año para reclamar una investigación profunda sobre los sobornos y sometimientos judiciales a los responsables.

Un juez de la Suprema Corte de Justicia ordenó el pasado 7 de junio prisión preventiva contra el ministro de Comercio, Temístocles Montás, y otros siete ex funcionarios y el empresario Ángel Rondón por su presunta implicación con los sobornos.

Según la fiscalía, Rondón fungía como representante comercial de Odebrecht y actuó como «el hombre del maletín», al distribuir los sobornos por 92 millones de dólares para garantizar que Odebrecht suscribiera contratos millonarios con el gobierno desde el 2001.

Además de las ocho personas que irán a prisión preventiva en República Dominicana, otros dos permanecerán en arresto domiciliario debido a razones de salud, mientras que tres legisladores no serán enviados a la cárcel porque gozan de inmunidad parlamentaria.

De forma inusual, los implicados que fueron enviados a prisión preventiva han permanecido desde la decisión del juez en una celda de la sede de los tribunales de la capital y hasta el mediodía del lunes no habían pisado las cárceles.

Los principales periódicos y noticiarios de televisión del país mostraron el lunes imágenes de las remodelaciones que realizan las autoridades carcelarias para recibir a los ocho implicados.

De acuerdo con Diario Libre, uno de los rotativos de mayor circulación, el área que recibirá a siete de los implicados en la cárcel de Najayo fue acondicionada con instalaciones eléctricas y de telefonía, nuevas cerámicas en los baños y aires acondicionados.

El empresario Rondón, quien deberá permanecer un año en la cárcel La Victoria en espera de juicio, «será recluido en un área en que antes funcionaba como oficina y que fue adecuada» para alojarlo, según Diario Libre.

Familiares de Rondón visitaron de forma inédita la presión la semana anterior para conocer la celda remodelada. «Hay que exigir una explicación del porqué de esos tratos privilegiados tan irritantes», insistió Adón.

La Procuraduría General «debe ordenar el cese de estos privilegios y ordenar la investigación sobre los responsables de estas prácticas ilegales», dijo Servio Tulio Castaños, director de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Pero Ismael Paniagua, director de la institución que administra la cárcel de Najayo, 35 kilómetros al oeste de la capital, aseguró en declaraciones a periodistas que «no habrá privilegios».

Insistió que las remodelaciones ya estaban previstas y que la cárcel debe proveer seguridad para «las personas de alta notoriedad, de alto riesgo, como son los imputados de Odebrecht».

Julieta Tejeda, vocera la Procuraduría, explicó que los detenidos no serán enviados en principio a las celdas ordinarias no por un privilegio, sino porque seguridad y porque así lo establece el protocolo carcelario.