"La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer." Bertolt Brecht
República Dominicana, atraviesa una coyuntura compleja, calores extremos, como consecuencia del cambio climático y el polvo de Sahara. A esto se le suman los múltiples apagones prolongados, por consiguiente, manifestaciones de protestas, en gran parte del territorio nacional. Los tapones o puntos de conflicto, que tienen profundas implicaciones en la vida urbana, social, emocional de la población, sumado a esto, el alto costo de la vida y los bajos salarios.
La situación de los apagones continúa siendo delicada, en gran parte del territorio dominicano, mientras el presidente, del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, pidió en declaraciones recientes, a la población dominicana, tener paciencia.
Dentro de las principales causas, de los problemas del sector eléctrico, se encuentran las pérdidas en la distribución, las EDE perdieron el 40.4 % de la energía comprada, el estado ha transferido más de 35 mil millones de pesos a las EDE hasta mayo, lo que representa un 43.7 % de los 81,985.66 millones de pesos presupuestados para 2025, cuyos costos salen de los bolsillos de la ciudadanía.
Redes de distribución con bajo mantenimiento y equipos obsoletos, especialmente en zonas rurales o de bajos ingresos, fallas frecuentes en transformadores, líneas y subestaciones, lo que genera apagones y baja calidad del servicio. En muchas comunidades hay resistencia al pago del servicio eléctrico, por una combinación de tarifas altas, mala calidad del servicio, historial de apagones y promesas incumplidas.
El subsidio eléctrico al gran empresariado, es un sistema injusto para la clase media y los sectores vulnerables, el estado dominicano subvenciona, parte del costo de la energía eléctrica, para cubrir la diferencia entre el precio real de generación y el que pagan ciertos sectores. El objetivo original era proteger a los hogares de bajos ingresos y garantizar el acceso universal al servicio eléctrico.
Sin embargo, la estructura actual del subsidio, presenta serias distorsiones, beneficiando también a sectores que no lo necesitan, especialmente grandes empresas y zonas francas, muchos hogares de clase media pagan tarifas más altas por kWh que algunas industrias, sin recibir un servicio de mejor calidad. Sectores vulnerables, aunque beneficiados por subsidios focalizados, como el Bonoluz, sufren la peor calidad del servicio, apagones prolongados, baja tensión y falta de mantenimiento.
La clase media no recibe subsidio directo, pero sí paga más, y a menudo debe invertir en Inversores, plantas eléctricas, energía solar privada, esto implica un doble costo en la factura eléctrica.
Por otro lado, las áreas urbanas como el Gran Santo Domingo, los tapones o puntos de conflicto, están teniendo consecuencias significativas en varios niveles, pérdida de tiempo y productividad, muchos dominicanos pierden de entre 2 a 4 cuatro horas diarias, caminos sus trabajos o centros de estudios. Empresas de logística, comercio y servicios, enfrentan dificultades para cumplir con horarios y compromisos, afectando su eficiencia. La congestión constante genera una percepción negativa del entorno de negocios, lo que puede desalentar nuevas inversiones nacionales e internacionales.
La exposición diaria a tapones prolongados, genera niveles altos de estrés, ansiedad e irritabilidad, afectando la salud mental de los ciudadanos. La alta emisión de contaminantes, debido a los vehículos detenidos por largos periodos contribuye a enfermedades respiratorias, especialmente en niños y adultos mayores. El tiempo excesivo en vehículos reduce las oportunidades de actividad física, contribuyendo al aumento de enfermedades como obesidad, hipertensión y diabetes.
En términos económicos, mayor consumo de combustible, debido a la detención frecuente de los vehículos y desgaste acelerado de las piezas. El gobierno incurre en mayores gastos por mantenimiento de infraestructura urbana, control del tránsito y salud pública relacionada con los efectos del congestionamiento.
Del mismo modo, el alto costo de la vida y los bajos salarios, sigue siendo uno de los principales problemas que afectan a la población dominicana. El salario promedio nacional, empleo formal, es de RD $21,825 mensuales, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en el primer trimestre de 2025. El Salario promedio formal RD$ 21,825, cubre aproximadamente 47% de la canasta familiar nacional (21,825 / 46,768 × 100 ≈ 46.7%), incluye alimentos, vivienda, salud, educación.
La alta tasa de informalidad en la economía dominicana, que ronda el 60 %, representa un grave obstáculo para el bienestar de la clase trabajadora. Aunque la informalidad permite cierta flexibilidad laboral y generación de ingresos en contextos de alto desempleo, sus consecuencias para los trabajadores son profundamente negativas. La mayoría de los empleados informales carecen de seguridad social, estabilidad laboral, pensiones, y derechos fundamentales como vacaciones, seguro médico o indemnización por despido.
Esta situación los expone a una constante vulnerabilidad económica y social, especialmente en momentos de crisis, enfermedad o vejez. Además, la informalidad perpetúa la pobreza, limita el acceso al crédito y a mejores oportunidades, y condena a muchos a una vida laboral precaria y sin protección legal. En este contexto, reducir la informalidad no solo es una necesidad económica, sino un imperativo social para garantizar condiciones de trabajo dignas, justas y seguras para todos los ciudadanos.
A más de un año de iniciado su segundo mandato, y tras declarar que no buscará una nueva reelección, el presidente Luis Abinader enfrenta una coyuntura compleja marcada por tensiones internas dentro de su propio partido, el PRM. La ausencia de una figura sucesora claramente establecida ha desatado una lucha abierta por el poder entre altos funcionarios del gobierno.
Este escenario ocurre en un momento en que el país enfrenta retos estructurales importantes, como el alto costo de la vida, tapones, la persistente informalidad laboral, problemas en el sistema eléctrico, y tensiones regionales como la crisis en Haití.
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