Patricia Arache.
Haití es y, al parecer tendrá que seguir siendo, un tema permanente en las agendas de los sectores dominicanos y de las personas que no cesan de clamar y reclamar salida a la crítica situación que sufre esa hermana nación, que en las últimas décadas exhibe un cada vez peor deterioro en los ámbitos socio-económico, político e institucional, agravada por la corrupción administrativa, la violencia y la inseguridad ciudadana.
Un informe presentado la semana pasada por el Servicio de Derechos Humanos (SDH) de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) revela cifras pasmosas en lo concerniente a la violencia y a la falta de seguridad, de las que no escapan ni siquiera niños, niñas y adolescentes.
Revela que, entre junio y agosto del presente año, la BINUH registró 1.441 víctimas de homicidios dolosos, de las cuales 119 eran mujeres, 12, niñas, y 27, niños, frente a las 1.033 víctimas registradas, con un aumento de casi 400 casos más, en relación a los mismos tres meses del año anterior.
El número de secuestros también ascendió a 443, de los cuales 161 correspondieron a mujeres, 5, a niñas, y 10, a niños, frente a los 137 secuestros registrados en los mismos tres meses del año anterior.
Los principales autores son miembros de bandas que operan en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en el departamento de Artibonito.
Mientras tanto, los grupos parapoliciales acabaron con la vida de, por lo menos, 105 bandoleros entre julio y agosto de este año, 2024.
Los hombres constituyen el 80% de las víctimas, seguidos por mujeres (17%) y niños (3%). La zona metropolitana de Puerto Príncipe es la más afectada, concentrando el 76% de los incidentes, seguida por Artibonite y Grand’Anse.
“Las mujeres y niñas que vivían en comunidades controladas por bandas siguen siendo objeto de violencia sexual; e incluso sufren violaciones y explotación sexual, a manos de múltiples personas”.
El informe indica que, aunque no se denuncian todos los casos debido al miedo a las represalias y al estigma social, así como a la falta de confianza en la policía y el sistema judicial, la BINUH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) lograron documentar 74 casos de víctimas de violencia sexual, 52 mujeres y 22 niñas de entre 10 y 17 años de edad, cometidos por bandas.
Se trata de estadísticas muy reveladoras que, además, de la inseguridad, la violencia y la desesperanza que permanecen en Haití, se ponen de manifiesto, “cuestiones políticas y de buena gobernanza”, en un capítulo en el que la organización cita esfuerzos de las autoridades haitianas por corregir algunas cosas, pero que, igualmente, refleja anomalías que no dejan de resultar preocupantes.
Por ejemplo, narra este informe que “el 24 de julio, el presidente del Banco Nacional de Crédito alegó en una carta dirigida al primer ministro (hasta el pasado domingo, Garry Conille) que tres miembros del Consejo Presidencial de Transición, integrantes de dos coaliciones y del partido político Pitit Desaline, le habían pedido 760.000 dólares, para permitirle permanecer en el cargo”.
El funcionario fue destituido, de inmediato, por el ahora ex primer ministro, Garry Conille, tras el hecho definido como abuso de poder, soborno y corrupción, por la Unidad de Lucha contra la Corrupción, cuyas recomendaciones de sometimiento a la justicia de los tres señalados, no parece haber encontrado eco en la justicia ni en los demás órganos competentes.
En fin, el tema de Haití no solo se trata de crisis económica, social, institucional y de seguridad pública. Es un conjunto de situaciones que provienen, justamente, de la atomización de la sociedad en general, pero, sobre todo de la clase política y de poder, en todos los sentidos, cuyas sensibilidades parecen andar de paseo por los alados Jardines Colgantes de Babilonia.
¡Pobre Haití, sin esperanzas, sin liderazgos, sin perspectivas!
