Crisis en Haití: El Consejo Presidencial de Transición no logra cumplir promesas fundamentales

Puerto Príncipe.- Un año después de su puesta en marcha, el Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) está estancado en el cumplimiento de sus principales misiones – recuperación de la seguridad y reformas constitucionales e institucionales, con la vista puesta en la celebración de elecciones -, en un país que día a día parece ir cada vez más a la deriva.

Fue el 25 de abril de 2024 cuando el CPT -integrado por nueve miembros, siete de ellos con derecho a voto y dos observadores- asumió funciones tras su creación, a raíz del acuerdo político para una transición pacífica y ordenada del 3 de ese mismo mes y la renuncia el día 24 del hasta entonces primer ministro de Haití, Ariel Henry.

Impaciencia de la población ante la falta de resultados

El balance del Consejo Presidencial de Transición es escaso, por no decir inexistente- hasta ahora no ha logrado cumplir sus continuas promesas, según la población, que se impacienta ante la falta de resultados, en medio de la extrema violencia y la crisis multidimensional.

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Los grandes proyectos del CPT, y sus asignaturas pendientes, son la seguridad pública y nacional, la recuperación económica, la rehabilitación de las infraestructuras, la seguridad alimentaria y sanitaria, la conferencia nacional y el tema constitucional, el Estado de derecho y la justicia y la celebración de elecciones, algo cada vez más incierto.

La institución encargada de dirigir la transición, que ya ha tenido tres presidentes rotatorios (Edgard Leblanc Fils, Leslie Voltaire y actualmente Fritz Alphonse Jean), tampoco ha conseguido establecer el órgano de control de la acción gubernamental, tercera instancia de gobernanza prevista en el acuerdo de abril y que debería permanecer en funciones hasta la toma de posesión de los miembros del poder legislativo elegidos en las urnas.

Entre los escasos resultados de esta Presidencia colegiada están la creación del Consejo Electoral Provisional, la detención de personalidades cómplices de las bandas armadas, la puesta en marcha de consultas para el referéndum constitucional y la adopción de un presupuesto de guerra para combatir la inseguridad.

Lejos de los discursos oficiales, las ceremonias, los consejos de ministros, el anuncio de medidas, las notas de prensa, los viajes al extranjero y las conmemoraciones, la población vive una realidad muy diferente, inmersa en una grave crisis humanitaria y alimentaria que va en aumento.

Frente a las previsiones de que hasta junio próximo 5,7 millones de personas experimentarán inseguridad alimentaria aguda, el CPT se limita a distribuir kits y comida en los campamentos de desplazados, que se han multiplicado y donde malviven miles de personas tras haber tenido que abandonar sus hogares a causa de la violencia.

Aumento vertiginoso de los desplazados

El número de desplazados ha aumentado vertiginosamente desde la llegada del Consejo al poder. En la actualidad superan el millón (más de la mitad menores), lo que supone un tercio de la población del área metropolitana de Puerto Príncipe.

Precisamente los desplazados y las poblaciones amenazadas por la invasión de las pandillas han organizado manifestaciones masivas para pedir a las autoridades que resuelvan la crisis de seguridad o que dimitan, unas protestas dispersadas violentamente por la Policía Nacional.

Mientras la población vive aterrorizada por las todopoderosas bandas, el Consejo Presidencial de Transición y el Gobierno trasladan las oficinas públicas a lugares menos expuestos a los grupos armados, que controlan desde hace al menos un año el centro de la capital, abandonado a merced de las pandillas.

Con la llegada del CPT, el territorio controlado por los grupos armados en la región de Puerto Príncipe ha pasado del 80 al 85 % y sus jefes cada vez tienen más poder, sin que ninguno de ellos haya sido abatido o detenido.

La seguridad se deteriora, pese a la presencia desde junio pasado de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, liderada por Kenia, dos de cuyos miembros han sido asesinados por las bandas, sin contar los militares y policías haitianos que mueren a manos de los pandilleros en emboscadas o ataques en Puerto Príncipe y Artibonite, las dos principales zonas en manos de los violentos.

Además, en los últimos 12 meses se han producido varias masacres con cientos de víctimas en Cité-Soleil, Kenscoff y Mirebalais, una violencia que no cesa y que ya en 2024 causó más de 5.600 muertes.

Este es el panorama a menos de diez meses de que el 7 de febrero de 2026, cuando debería tomar posesión un presidente elegido en las urnas, acabe el mandato del Consejo de Transición, el cual, conforme al acuerdo del 3 de abril, no puede beneficiarse de una prórroga.

A partir de esa fecha, Haití corre el riesgo de entrar en una nueva transición.