Víctor Féliz Solano
Los gobiernos locales enfrentan desafíos críticos para el año 2025 debido a la histórica falta de cumplimiento de la Ley 166-03, que establece la obligación del Estado de destinar el 10 % del presupuesto nacional a estos gobiernos.
En la práctica, las asignaciones suelen quedarse muy por debajo de este porcentaje, alcanzando apenas entre el 2.5 % y el 3 %, lo cual limita significativamente la capacidad de los municipios y distritos municipales para atender las demandas de sus comunidades.
La insuficiencia de recursos impacta la calidad de los servicios públicos, la infraestructura y el desarrollo sostenible, afectando directamente la vida de los ciudadanos y generando desafíos estructurales que demandan soluciones innovadoras.
Uno de los desafíos más apremiantes es la provisión de servicios públicos básicos, como recolección de basura, mantenimiento de áreas verdes y alumbrado público.
La insuficiencia de fondos compromete estos servicios esenciales, que son la base de la calidad de vida en las comunidades. Cuando los servicios no se cumplen adecuadamente, se genera una percepción negativa hacia la administración local, y se pierde la confianza en su capacidad de gestión.
Para mitigar esto, es necesario que los gobiernos locales optimicen los recursos disponibles y se enfoquen en priorizar los servicios de mayor impacto, además de implementar controles de gasto que aseguren una distribución eficiente de los fondos.
Muchos municipios necesitan renovar y expandir su infraestructura básica para responder a las necesidades actuales de la población; sin embargo, la falta de recursos dificulta el desarrollo de proyectos como la pavimentación de calles, la construcción de mercados y centros comunitarios.
Esta carencia afecta a la población directamente y también a la posibilidad de atraer inversiones privadas, necesarias para impulsar la economía local.
Sin infraestructuras adecuadas, las oportunidades de crecimiento y desarrollo se ven restringidas, lo que crea un círculo vicioso de limitaciones y rezagos.
Además, la falta de mantenimiento de las infraestructuras existentes incrementa los costos de reparaciones futuras, ejerciendo mayor presión sobre los presupuestos municipales.
La dependencia del Gobierno central también representa un reto importante. Sin fondos propios suficientes, los gobiernos locales dependen de decisiones discrecionales del Gobierno central para obtener recursos adicionales, lo cual limita su autonomía y capacidad de respuesta rápida a las necesidades de sus comunidades.
Para enfrentar estos desafíos, es crucial que los gobiernos locales exploren estrategias que optimicen su gestión y recursos. Una de las primeras alternativas es el fortalecimiento de ingresos propios.
Mejorar la recaudación de impuestos y tasas municipales —por ejemplo, mediante la modernización de catastros y la digitalización de los procesos de cobro— puede incrementar los recursos disponibles y reducir la evasión, generando una mayor transparencia y eficiencia en la administración local.
Las alianzas público-privadas representan otra alternativa para complementar la falta de fondos. Estas alianzas permiten a los municipios acceder a capital y experiencia del sector privado, especialmente en proyectos de infraestructura y desarrollo urbano.
La colaboración con empresas privadas puede ser una solución viable para realizar proyectos que requieran inversiones iniciales significativas y que ofrezcan beneficios a largo plazo. Para atraer a los inversionistas, los gobiernos locales deben fortalecer su capacidad institucional y garantizar un entorno seguro y estable que favorezca la inversión.
La participación ciudadana se convierte en una herramienta clave para optimizar el uso de los recursos públicos. Involucrar a la comunidad en la identificación y priorización de proyectos a través de presupuestos participativos es una estrategia eficaz para asegurar que los fondos se destinen a las verdaderas necesidades de la comunidad.
Al hacer partícipe a la ciudadanía en la toma de decisiones, se fomenta la transparencia y se fortalece la confianza en la administración, a la vez que se garantiza una mejor planificación de los recursos disponibles.
Además, los gobiernos locales pueden aprovechar fondos de organismos internacionales y buscar financiamiento a través de agencias de cooperación.
*Por Víctor Féliz Solano
