Crisis Colegio de Periodistas es ética y económica

El Colegio Dominicano de Periodistas vive su peor crisis desde la creación de la institución hace más de medio siglo, llegando a niveles tales que avergüenzan a muchos que ostentan la membresía y que ejercen la profesión en el país.

Las cuestiones internas que han estado saliendo a la luz pública en las últimas semanas, marcadas por desavenencias de intereses particulares entre directivos y adláteres, no alientan a que los miembros sientan orgullo de una estructura institucional llamada a jugar un rol trascendental en el seno de la sociedad dominicana. Actualmente, carece de mecanismos de sustento económico, por lo que funciona a través de la caridad y de la lisonja gubernamental de ciertos directivos.

Nadie pone en duda que existe degradación moral en el comportamiento que exhibe una parte de los que ejercen como “periodistas”, especialmente en medios electrónicos.

Afortunadamente, muchos de los que actúan de esa manera no son profesionales del periodismo, sino usurpadores que dicen ampararse en la prerrogativa universal de la libertad de expresión del pensamiento; llegando más lejos, al asegurar que cualquier forma de coartar la misma, sería violar los derechos humanos.

El Colegio Dominicano de Periodistas se ha convertido en una fuente de negocios lucrativos para unos cuantos, que se aprovechan del desorden institucional, por lo que son promotores de la idea de que cualquier persona puede alcanzar la condición de periodista, aunque sus estudios no superen la educación preuniversitaria. A esos fines, se apoyan en la interpretación de aspectos contemplados en el articulado de la obsoleta Ley 10-91, que creó el Colegio Dominicano de Periodistas.

En términos académicos, un periodista es el profesional egresado de un centro de estudios superiores preparado para dedicarse al ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa, la fotografía, la radio, la televisión o los medios digitales.

Dentro de sus tareas cotidianas figuran las de descubrir e investigar temas de interés público, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y difundirlos.

La sociedad dominicana ha conocido casos de falsos médicos, abogados e ingenieros, entre otros, pero la profesión más usurpada de todas resulta la comunicación social, ya que el que paga la tarifa de un espacio en un canal de televisión o una estación de radio comienza a autoproclamarse como “periodista”. No pocos, bajo ese “blindaje”, se vuelven mercenarios de la palabra, convirtiéndose, en la práctica, en chantajistas, difamadores e injuriadores.

He visto a algunos recurrir al desgastado argumento de que no se puede limitar el derecho a la expresión y difusión del pensamiento. No se trata de eso, una cosa es utilizar los medios de comunicación para expresar libremente las ideas, y otra, usurpar la profesión. Tampoco se pueden justificar en que los extintos Rafael Herrera Cabral, Rafael Molina Morillo, Radhamés Gómez Pepín y Germán Emilio Ornes fueron excelentes periodistas y no estudiaron, ya que eran otros tiempos en los que las universidades dominicanas no impartían la comunicación.

Ahora se han inventado la supuesta existencia de un periodismo ciudadano. Me gustaría ver a un médico ciudadano en una sala de cirugía, a un ingeniero ciudadano construyendo un hospital de varios niveles o un arquitecto ciudadano elaborando los planos de un moderno aeropuerto.

El origen de la crisis en el ejercicio del periodismo es ético y económico, y el mal ejemplo proviene de los pésimos directivos que hemos tenido en más de dos décadas en el Colegio Dominicano de Periodistas, contadas algunas excepciones.

A fin de que el periodismo dominicano cumpla con su rol, hay que convertir esa institución en económicamente sustentable y éticamente respetable.