Santo Domingo. República Dominicana comienza a posicionarse como referente en materia de combate al crimen organizado, un dato que contrasta con el historial de vulnerabilidad institucional y la alta penetración del narcotráfico y la corrupción en la región.
Aunque la delincuencia transnacional ha permeado históricamente las estructuras políticas, militares y económicas de varios países latinoamericanos, el país ha logrado mantener bajas percepciones de peligrosidad y consolidar un marco jurídico moderno.
Indicador contra el crimen organizado
El más reciente Índice y Análisis de Riesgo País de América Latina 2025, publicado por la Universidad Internacional de Florida, ubica a República Dominicana entre los países con menor percepción de riesgo criminal en la región.
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El estudio, que mide la amenaza del crimen organizado desde la percepción ciudadana y la capacidad institucional, muestra que naciones como Ecuador, Brasil, Chile y México encabezan las preocupaciones por el avance del crimen transnacional, con altos índices de violencia, narcotráfico y corrupción.
En cambio, República Dominicana obtuvo una calificación de 3.8 sobre 5, una de las más bajas de América Latina, solo superada por El Salvador (3.7).
Sin embargo, es válido hacer notar que este último, mantiene esa posición a costa de restricciones a los derechos humanos y al debido proceso, producto del régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele.
En contraste, República Dominicana ha mantenido un modelo de seguridad que respeta el Estado de derecho, priorizando la modernización de su sistema judicial, la profesionalización policial (todavía en marcha) y la cooperación internacional.
La estrategia francesa
El periódico francés Le Journal du Dimanche reveló recientemente que el gobierno de Francia planifica instalar en República Dominicana una academia regional de formación contra el crimen organizado, que serviría como centro de entrenamiento de investigadores, analistas de inteligencia y peritos aduaneros.
La iniciativa forma parte de una nueva ofensiva francesa para contener la expansión de las redes criminales que operan entre América Latina, África y Europa, aprovechando el tránsito marítimo y aéreo del Caribe.
El proyecto contempla la firma de acuerdos bilaterales de cooperación judicial y policial entre Francia y los países del Caribe, con el objetivo de fortalecer el intercambio de información, el rastreo de activos ilícitos y la persecución de delitos financieros, de tráfico de armas y de personas.
Es así como República Dominicana se perfila como el punto neurálgico de esta operación por su ubicación geoestratégica, su conectividad marítima y aérea, y su creciente capacidad institucional.
La instalación de esta academia no solo representaría un reconocimiento a los avances dominicanos en materia de seguridad y justicia, sino también una oportunidad de liderazgo regional en políticas de prevención, inteligencia criminal y capacitación técnica.
Marco jurídico fortalecido
Uno de los pilares del avance institucional dominicano ha sido la Ley de Extinción de Dominio, promulgada en 2022 tras años de debates legislativos.
Esta norma permite al Estado recuperar bienes y activos obtenidos de manera ilícita, incluso sin necesidad de una condena penal previa, siempre que se demuestre su origen delictivo.
Con ella, el país se alinea con los estándares internacionales de lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico.
Para complementarla, el Congreso Nocional aprobó posteriormente la Ley 60-23, que creó el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE).
Movilización de Estados Unidos
El interés de Francia en establecer una base de cooperación en República Dominicana no ocurre en el vacío.
Podría enmarcarse dentro de una estrategia hemisférica impulsada por Estados Unidos, que mantiene una fuerte presencia militar y logística en el Atlántico para interceptar cargamentos de droga y desmantelar redes de tráfico marítimo.
El foco central de estas operaciones ha sido Venezuela y, en última instancia Colombia, a cuyos presidentes llamó narcotraficantes.
Washington ha encontrado en Santo Domingo un socio estable y confiable cuyo gobierno no se ha guardado nada al fijar posturas y que cada vez que lo ha hecho, ha contado con el favor de Estados Unidos.
Además de las reiteradas visitas al país del comando sur de los Estados Unidos, el país igualmente ha participado de acciones de interceptación de cargamentos de droga y la incautación de un avión que era propiedad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El escenario actual coloca a República Dominicana en una posición inédita de protagonismo regional que bien aprovechada, podría redundar en la atracción de capital extranjero .
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