Crecimiento y Código de Trabajo (I)

La economía dominicana es tipificada como una economía de alto crecimiento, sus altas tasas en los últimos cincuenta años así lo indican.

Sin embargo, este crecimiento ha venido acompañado de altos niveles de desempleo. Esta atonía o debilidad del crecimiento y la persistencia de un desempleo alto, en los últimos años han generado un importante debate sobre la modificación del actual Código de Trabajo.

A propósito de la decisión gubernamental de modificar el actual Código de Trabajo, y para ello estableció una comisión por decreto, se ha iniciado una interesante discusión en los diferentes medios de comunicación, entre los principales líderes empresariales y sindicales del país en torno a la conveniencia o no de hacer más flexible el mercado de trabajo.

Los empresarios alegan que las altas tasas de desempleo y la informalidad laboral son consecuencia de un Código de Trabajo que hace costosa la contratación y el despido laboral, y que les hacen difícil su adaptación a los cambios que sufren la demanda, la tecnología y la competencia mundial.

Situación, según los empresarios, que ha generado “costos no laborales” equivalentes a un 65% del salario anual del empleado, limitando la capacidad competitividad empresarial.

En muchos países, para encontrar una solución a este dilema que se presenta entre tener un mercado flexible, que favorece al empresario o empleador, y darle una seguridad económica y laboral al trabajador, se habla del concepto de “flexiseguridad laboral”.

El concepto de “flexiseguridad laboral” es un término que se acuñó en Europa a finales de los años noventa, refiriéndose a un nuevo régimen de gobernanza del mercado de trabajo, que mediante políticas activas estatales y pasivas el Estado garantice una estabilidad del mercado de trabajo.

Pienso que las modificaciones del Código de Trabajo tienen que enfocarse en tres grandes ejes, a saber: en el fortalecimiento de la legislación protectora del empleo; en la creación de nuevos instrumentos innovadores de políticas laborales pasivas y activas; y en el compromiso de un Estado que sea responsable y garante de las políticas públicas que se deriven de los acuerdos establecidos entre empresarios y trabajadores.

En una segunda parte explicaremos con más detalle estos tres grandes ejes.