Crecimiento económico y clase media: la demanda energética

En República Dominicana, en las últimas décadas, el crecimiento sostenido del turismo, las industrias, el comercio, y la expansión de la “clase media” ha transformado radicalmente el perfil de consumo energético del país. Este fenómeno, aunque positivo en términos de desarrollo, plantea desafíos urgentes para la planificación y sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.

Desde 2019, la clase media ha pasado de representar el 37.7 % al 46.5 % de la población, lo que implica un aumento significativo en el poder adquisitivo de miles de familias.

Este cambio se traduce en una mayor demanda de electrodomésticos, sistemas de climatización, vehículos eléctricos y servicios digitales, todos dependientes de un suministro energético estable. Paralelamente, el crecimiento del sector industrial y comercial ha intensificado el uso de maquinaria, refrigeración, iluminación y logística, elevando el pico de demanda eléctrica de 2,750 MW en 2020 a más de 4,000 MW en la actualidad.

Este aumento no solo refleja una mejora en la calidad de vida, sino también una presión creciente sobre la infraestructura energética del país. Los apagones recientes y las interrupciones en el servicio evidencian que el sistema actual necesita una expansión urgente y estratégica.

En respuesta, el Estado ha proyectado la incorporación de 612 MW al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado en los próximos meses, mediante nuevas plantas en Boca Chica, San Pedro de Macorís y Manzanillo. Además, se prevé la implementación de proyectos renovables y sistemas de almacenamiento a partir de 2025, junto con la inauguración de la línea de transmisión de 345 kV entre Montecristi y Santiago, clave para integrar la generación de la región Norte.

Estas medidas son pasos importantes, pero deben complementarse con campañas de eficiencia energética, incentivos para el autoconsumo solar en hogares y comercios, y una planificación territorial que anticipe el crecimiento urbano y productivo.

La energía no es solo un tema técnico: es un componente social que conecta directamente con el bienestar ciudadano. Por ello, garantizar su acceso equitativo y sostenible debe ser una prioridad nacional.