La realidad y escenarios expuestos por la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) sobre la energía a nivel global, que proyectan una reducción en su demanda, así como sus efectos en el mercado de consumo de los combustibles y la economía, que fueron analizados en el artículo anterior, propone nuevas realidades.
Para la República Dominicana los efectos no han sido distintos.
El cierre de varios sectores de la economía en el primer semestre de 2020 provocó que la demanda energética total a finales de año se perfilará con una baja de hasta un 4%. Sectores como el turismo e industria iniciaron su reapertura a principios de julio, operando con una fracción de su capacidad, lo que en términos de consumo representaría una disminución considerable no solo en demanda de energía, sino también en consumo de combustibles fósiles.
De igual manera, se espera una disminución en las emisiones de CO2 relacionadas a los sectores transporte, construcción y agricultura por efectos, no solo del cierre parcial del comercio, sino por los períodos de toque de queda e impedimentos de circulación.
En este escenario de esfuerzos para mitigar los efectos de la pandemia, las energías renovables han jugado un papel importante en satisfacer un 20% de toda la energía demandada hasta el momento en el territorio nacional.
Además, es importante resaltar que la entrada en operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), el Sistema Nacional Eléctrico Interconectado (SENI) posee una realidad diferente frente a la demanda energética.
Sin embargo, notamos que, en el país, desde el año 2010, se han incorporado al SENI 411 MW de capacidad instalada en tecnologías renovables, siendo el período 2015-2020 en el que más concesiones renovables se han otorgado, colocando en la matriz de generación 81.6 GWh de energía solar fotovoltaica y 481 GWh (2018) de energía eólica, representando 23% de la matriz de generación de energía eléctrica.
Estas cifras son muy positivas para el país, el cual se colocó en 2018 como líder en la región en producción de energía eléctrica y en crecimiento económico, según reflejan los reportes de la CEPAL.
Adicionalmente, el fomento de otras tecnologías en diversos sectores, como el transporte, están aportando a la reducción de emisiones de CO2. A modo ilustrativo, las políticas públicas enfocadas a la promoción de la importación de vehículos eléctricos, aún sin un marco regulatorio apropiado, han impactado positivamente a ese sector, a la vez que promueven el uso de formas más eficientes de transporte a través de la disminución en el uso de los derivados del petróleo.
En este contexto es importante resaltar que, en el plano global, Noruega e Islandia están encaminados a tener un parque vehicular 100% eléctrico al año 2030, lo cual puede servir de norte para este sector en la República Dominicana, al tiempo que impulsa una reforma de los sistemas de transporte del país.
La reforma que se propone debe, entre otros aspectos, contemplar la implementación de una vía expedita que permita a las autoridades continuar regulando y fiscalizando el sector, a la vez que pueda introducir cambios en ciertas disposiciones para mantener el sector acorde a la velocidad global y que pueda rápidamente responder a los nuevos retos.
También debe considerar la inclusión de nuevas tecnologías, creando un ambiente para la investigación y desarrollo de tecnologías renovables. Igualmente, debe referirse a la reestructuración de los mercados de inversión en el sector eléctrico, promoviendo el uso de nuevas figuras, como las alianzas público-privadas (APP), que pueden ser beneficiosas para ampliar y mejorar las redes de transmisión.
*Por Ángel Leonel Canó Rodríguez
