En República Dominicana, la realidad supera la ficción con una frecuencia alarmante. Como diría Don Quijote a su fiel escudero: “Cosas veredes, Sancho, que farán fablar las piedras”.
Y es que, en estos tiempos hasta las piedras pueden estremecerse cuando se observan situaciones tan inexplicables como el hecho de que una persona es condenada a penas privativas de libertad, en lo que se supone, entonces, que debería estar en la cárcel y de pronto se informa sobre su muerte en hechos que ocurren fuera del recinto.
En los últimos años, se producen casos de personas que, según los registros oficiales, debieron estar recluidas en centros penitenciarios, con condenas que alcanzan los veinte, diez o cinco años, o menos, pero que mueren en circunstancias violentas, precisamente, en el marco de esos plazos que nadie sabe por qué razón, no los llegan a cumplir.
El mantenimiento fuera de la cárcel de esas personas casi nunca o nunca es el resultado de fugas espectaculares ni de permisos concedidos en forma transparente, por lo que la sociedad solo se entera cuando se producen hechos sangrientos, en los que se conoce que quien debió estar en una u otra cárcel tuvo participación en el caso, como objeto o como sujeto del crimen.
Se trata de una opacidad institucional que permite que alguien condenado o en prisión preventiva pueda terminar abatido en un operativo policial, asesinado en un ajuste de cuentas o que simplemente su cuerpo inerte sea encontrado en un solar baldío. ¿A qué se puede atribuir esta práctica?
El caso más reciente es el de José Eduardo Ciprián Lebrón, alias Chuki, quien estaba condenado a prisión por el atentado al ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, ocurrido el 9 de junio de 2019, en un bar de Santo Domingo Este
Ciprián Lebrón fue condenado a diez años de prisión en diciembre del 2022 en la cárcel pública del 15 de Azua, pero aparentemente fue beneficiado con una libertad condicional emitida por la Segunda Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, aunque todavía se desconocen las circunstancias.
Hoy, Ciprián Lebrón es uno de tres hombres que murieron en un tiroteo en el sector Herrera, Santo Domingo Oeste, en el sector Libertador de Herrera.
Luis Javier Santana Asencio y José Antonio Ovalles Martínez son los otros dos ultimados en un hecho, que se atribuye a un ajuste de cuentas y en el que también resultó herido José Adonis Pérez García, quien, de acuerdo al informe policial, está recluido en un centro de salud.
Este no es el primer caso; en el que alguien condenado a prisión muere o mata en las calles en momentos en que debió encontrarse en la cárcel. Los hechos están al canto y algunos han tenido muchísima resonancia, pero la práctica no para.
La Ley No. 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional, establece que el Ministerio Público es el órgano rector del régimen penitenciario.
Esta ley busca garantizar la dignidad humana, la rehabilitación y la reinserción social de los privados de libertad, pero surge la pregunta obligada: ¿Cómo hablar de dignidad cuando ni siquiera se garantiza la custodia?
Desde la anterior legislación, la número 224-84, está establecido que los reclusos deben estar internados en establecimientos clasificados y bajo control de la Dirección General de Prisiones, pero la práctica evidencia que el control es más simbólico que responsabilidad.
La corrupción en el sistema penitenciario ha sido documentada con prácticas que van desde la formación de redes de estafa que operan desde las celdas de La Victoria hasta reclusos que manejan negocios ilícitos con teléfonos móviles y accesos privilegiados. El hacinamiento, la falta de supervisión y la complicidad institucional mantienen a las cárceles como sabanas, sin controles ni autoridad.
En una oportunidad se denunció a un oficial de la Policía Nacional, responsable de la custodia de unos reclusos en la cárcel de Mao, Valverde, que salía a tomar tragos y a visitar bares por las noches con un séquito de prisioneros, como acompañantes No es una escena de película, aunque mucho se parece.
“Cosas veredes, Sancho”, hay que decirlo con ironía, porque no hay nada gracioso en esta tragedia que se repite una y otra vez desde hace tiempo.
Cada caso es una galleta sin manos a la legalidad, una herida a la confianza pública.
