Cortar por lo sano candidaturas independientes

Hace apenas unos meses que el Tribunal Constitucional sentó un desafiante precedente jurídico mediante la Sentencia TC/0788/24 referente a las candidaturas independientes, que no sólo cambia el paradigma de la participación política, sino que deja latentes serias amenazas para el adecuado funcionamiento de la participación política en el país.

La decisión alborotó a los sistemas de Partidos Políticos y Electoral, poniendo en movimiento a líderes políticos y autoridades electorales en torno a qué hacer para garantizar la participación política en un ambiente armonioso en el marco de respeto a los valores democráticos.

Dos alternativas de solución se han presentado en medio de esa coyuntura de amenaza al Sistema Político; una iniciativa de ley sometida a discusión congresual por la Junta Central Electoral (JCE), con la colaboración de los partidos políticos, y otra del senador Ramón Rogelio Genao, representante por La Vega. La primera condiciona la presentación de candidaturas independientes y la segunda procura su eliminación de éstas consignadas en la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral.

De conformidad con el proyecto de ley depositado por la JCE, las organizaciones cívicas que sean constituidas para la postulación de candidaturas independientes deben presentar un respaldo con firmas de al menos el 2 % del padrón electoral nacional.

La cantidad podría ser mucho mayor, ya que el mismo artículo del proyecto de ley dispone que para el nivel presidencial, los candidatos independientes también deberán buscar el 2 % de las firmas del padrón electoral de cada provincia.

Otra cuestión relevante que consigna es que no serán favorecidas por el financiamiento público del Estado del que son acreedores los partidos políticos reconocidos.

Mientras que la propuesta del senador Genao busca derogar en la Ley del Régimen Electoral los artículos 156 y 157 que establecen la figura de las candidaturas independientes, con el objetivo de “evitar dificultades” para el funcionamiento del Sistema Político Dominicano.

Considera que las candidaturas independientes, gananciosas de una posición electoral, pueden encontrar escollos para la efectividad del ejercicio de los mandatos constitucionales, principalmente en la suplencia, institucionalización de bloques y otros modelos de participación.

El dilema está en cuál de las dos alternativas resulta más beneficiosa para la buena marcha de la democracia y de los valores democráticos de la República Dominicana.

La salida no resulta sencilla. El hecho es que si el Congreso Nacional acoge el proyecto sometido por la JCE se corre el riesgo de que partes afectadas retomen nuevamente el camino del Tribunal Constitucional bajo el alegato de que vulnera principios constitucionales como la proparticipación, la igualdad en derechos y el pluralismo político.

El referido órgano ya recorrió ese camino cuando declaró la inconstitucionalidad de los artículos 156 y 157 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral.

Hay que reconocer que a través de la Sentencia TC/0788/24 se amplía el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de cuadros directivos fijos similares a los de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes; pero también conlleva riesgos democráticos y ajustes necesarios a las legislaciones y a los procesos electorales.

Sin embargo, esa mayor libertad para la participación política deviene en preocupaciones democráticas, porque amplía la posibilidad de que candidaturas financiadas con recursos económicos provenientes del crimen organizado puedan imponerse en los certámenes electorales.

La salida para “cortar por lo más sano” sería que el Congreso Nacional engavete el proyecto sometido por el órgano electoral y apruebe la iniciativa del senador Ramón Rogelio Genao. Esto sería, siguiendo el refranero popular: “Muerto el perro, se acaba la rabia”.