Odebrecht ha demostrado hasta la saciedad ser una empresa que utilizó la corrupción pública y privada como mecanismo para obtener cuantiosos beneficios.
Con el contubernio de quienes están llamados a proteger los bienes de la población, sobrevaluó cada obra en la que intervino y extrajo de las pobres arcas del Gobierno dominicano recursos que hacen falta para atender necesidades tan básicas como la salud, la educación o la alimentación.
El Estado dominicano ha sido excesivamente condescendiente con Odebrecht, permitiéndole un acuerdo que libra de toda persecución penal a los ejecutivos de la constructora brasileña a cambio del pago de una compensación y que revelara las informaciones disponibles para enjuiciar a sus cómplices locales.
La parte documental entregada por Odebrecht para ser utilizada en el proceso judicial que ya concluyó su fase preliminar fue débil, teniendo en las delaciones premiadas las piezas fundamentales para la acusación.
Ahora surge una nueva duda sobre la idoneidad y cumplimiento de ese acuerdo, pues han salido a relucir nuevos pagos no revelados a entes dominicanos que tuvieron algún tipo de incidencia en el proceso licitación del contrato para la construcción de las plantas de Punta Catalina.
Lo menos que merece el país es que se revele todo lo relacionado a los sobornos de Odebrecht, exigirle que entregue lo antes posible las dos unidades de Punta Catalina, que cumpla con las garantías y que no vuelva a tener ningún tipo de negocios con el Estado dominicano.
