El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA)
Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó al Juzgado de Atención Permanente, dictar 18 meses prisión preventiva como medida de coerción contra los implicados en el operativo Coral 5G y que se declare complejo el caso.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), ofreció la información en representación del Ministerio Público, que ya completó la presentación de más de 15 mil páginas de evidencias.
En la audiencia se presentaron seis abogados de la defensa técnica de los 12 imputados en el caso, algunos de los cuales aseguraron que las evidencias presentadas por el órgano acusador fueron obtenidas de manera ilegal.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó la audiencia para el lunes 13 de diciembre a las 10:00 de la mañana.
Solicitud de coerción
En la solicitud de medida de coerción de la Pepca consta que los militares imputados en el caso de corrupción denominado “Coral 5G” destruyeron evidencias, para evitar que las investigaciones del Ministerio Público los identificaran como miembros de la red a la que se le atribuye sustraer cientos de millones de pesos del Estado.
Asimismo, indica que los imputados presentaban a la Contraloría General informes de auditorías de cuadre ficticio con soportes falsos para poder distraer los fondos del Estado a través de Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de la Seguridad Turística (CESTUR).
Los imputados se adjudicaban los montos millonarios asignados para el CUSEP y el CESTUR como partidas mensuales para raciones alimenticias, de combustibles y de operaciones de inteligencia.
Fondos sustraídos
Durante el 2015 al 2020 la red Coral 5G se adjudicó RD$19 millones, en 59 cheques, que estaban designados para raciones alimenticias del CUSEP.
Según el expediente del Ministerio Público la red de militares sustrajo más RD$29 millones mediante contratos ficticios que tenían con ambas instituciones para suplir combustibles que no entregaron.
