En los últimos años, la cooperación con la justicia se ha convertido en una herramienta valiosa para desmontar estructuras criminales y avanzar en la lucha contra la corrupción.
Es un instrumento legítimo, reconocido por los sistemas modernos de persecución penal, y permite acceder a información que de otro modo sería inalcanzable. Sin embargo, esta figura que resulta útil y necesaria, no puede transformarse en una vía para que quienes tuvieron alta responsabilidad en acciones criminales eviten el castigo que merecen.
Cooperar con la justicia, devolver bienes sustraídos al Estado o delatar a otros involucrados no borra la responsabilidad penal de quien participó en la creación, dirección o sostenimiento de un entramado de corrupción.
La sociedad no puede aceptar que un funcionario o particular que construyó una maquinaria para desviar fondos públicos, que se benefició personalmente de millones y que utilizó su poder para enriquecerse ilegalmente, quede exonerado únicamente por entregar una parte de lo robado a cambio de una negociación procesal.
La cooperación debe ser reconocida, sí. La devolución del dinero debe ser un requisito indispensable. Pero no pueden convertirse en excusas para la impunidad. La responsabilidad penal es indelegable.
Aceptar que el arquitecto de un caso de corrupción salga prácticamente ileso porque “colaboró” enviaría un mensaje devastador de que el crimen puede ser rentable y que basta con compartir una parte del botín para librarse del castigo.
La ley debe reconocer la cooperación, pero la cooperación no es ventana de la impunidad.
La justicia debe ser un equilibrio entre inteligencia investigativa y responsabilidad moral.
Ni la delación ni la negociación pueden anular la necesidad de sanción, como ocurre en otros sistemas judiciales.
Por eso, coopere, devuelva y pague. Y así hablaremos de verdadera justicia.
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