Bartolomé Pujals, Carlos Pimentel, Giovanny De Alessandro y Víctor Ángel Cuello, organizadores de la marcha Fin de la Impunidad.
SANTO DOMINGO.-Las organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas convocantes de la marcha Contra la Impunidad, a realizarse el próximo domingo 22 de enero, solicitaron hoy a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) la cancelación de todos los contratos vigentes con la empresa brasileña Odebrecht, así como la inhabilitación de la multinacional para relacionarse a futuro con el Estado dominicano.
Las organizaciones sociales expresaron que la DGCP debe procurar la excelencia y transparencia en las contrataciones del Estado y el cumplimiento de los principios de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus reglamentos de aplicación.
En ese sentido, demandaron su pronta intervención a raíz del documento oficial, en el cual los representantes del Consejo de Odebrecht confiesan ante la Corte de Justicia del Condado del Estado de Nueva York, EUA, el fraude global cometido en 12 países de dos continentes, entre ellos la República Dominicana.
Al depositar una solicitud formal ante las oficinas de la DGCP, el colectivo destacó que la República Dominicana es el tercero de los 12 países donde Odebrecht pagó más dinero (92 millones de dólares) a funcionarios para obtener contratos para construir diversas obras de infraestructuras, entre los años 2001 y 2014. Este período abarca los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y de Danilo Medina.
Frente a esta realidad, y basadas en la confesión oficial de Odebrecht, las organizaciones demandaron “que se rescindan todos los contratos del Estado dominicano con Odebrecht y se procesa con la inhabilitación de esta empresa como contratista, mientras se investigue el monto total de las sobrevaluaciones y sean sometidos a la justicia para que sean castigados por sus responsabilidades civiles y penales.
Indicaron que la Ley 340- 06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, en su artículo 14, establece de forma clara, las prohibiciones para ser oferentes y quienes no pueden contratar con el Estado, de manera específica, «los numerales 8 y 9, pueden servir para avanzar en las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y cancelar todos los contratos que vinculen a Odebrecht», señalada como responsable de “ofrecer dádivas, comisiones o regalías a funcionarios de las entidades públicas, directamente o por interpuesta persona en relación con actos atinentes al procedimiento de licitación o cuando utilicen personal de la institución para elaborar sus propuestas».
Recordaron que la doctora Yokasta Guzmán, en su condición de Directora General de la DGCP, tiene “libre acceso a las instalaciones físicas y electrónicas, tales como libros de acta y registros contables, entre otros en donde se realicen las investigaciones en relación con un oferente o contratista”.
Entre los convocantes de la marcha del «Fin de la Impunidad» figuran Participación Ciudadana, Foro Ciudadano, Poder Ciudadano, Somos Pueblo, el centro Juan XXIII, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Bloque Popular, el Movimiento de Trabajadores Independientes, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras, el Comité Codiano, la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, Feflas, Los Peregrinos de Moca, Juventud Caribe, FAPROUASD, La Multitud, el Frente Universitario Renovador, Grupo Milenio Verde (MIVER) y otras entidades.
