La convivencia en condominios ha dejado de ser un asunto doméstico para convertirse en un tema de agenda pública. Lo que antes parecía una diferencia menor entre vecinos, hoy expresa un problema más profundo; nuestras ciudades crecieron en altura, pero no siempre crecieron en cultura de convivencia, planificación, responsabilidad compartida y respeto por las reglas.
Desde hace tiempo venimos advirtiendo que el desarrollo inmobiliario no puede medirse únicamente por la cantidad de torres, apartamentos, parqueos techados, piscinas, gimnasios o áreas sociales que se construyen. Una cosa es levantar edificios y otra muy distinta es construir comunidades capaces de vivir en orden.
El mercado ha vendido metros cuadrados, terminaciones modernas y ubicación privilegiada, pero muchas veces ha dejado en segundo plano una pregunta esencial: ¿están preparadas las personas para convivir bajo un régimen de derechos y deberes compartidos?
El condominio es, en cierto modo, una pequeña ciudad. Tiene normas, espacios comunes, servicios colectivos, decisiones económicas, conflictos internos, responsabilidades legales y una administración que debe actuar con transparencia. Allí se comparten ascensores, cisternas, plantas eléctricas, seguridad, basura, parqueos, pasillos, áreas sociales y hasta riesgos comunes.
Cuando esa convivencia no se organiza, aparecen los problemas que hoy vemos con frecuencia; uso indebido de parqueos, ruidos molestos, mascotas sin control, filtraciones no atendidas, ocupación de áreas comunes, administraciones cuestionadas, reglamentos ignorados y vecinos que creen que vivir en propiedad compartida significa hacer lo que quieran dentro y fuera de su apartamento.
El problema no es vivir en condominios. El problema es vivir en condominios sin educación, sin reglas claras, sin mediación, sin cultura de cumplimiento y sin una visión preventiva. Porque cuando los conflictos se dejan crecer, terminan afectando la paz familiar, la seguridad, la inversión de los propietarios y la calidad de vida de todos.
Por eso este tema no puede seguir siendo visto como una simple diferencia privada entre residentes. La convivencia condominial forma parte de la convivencia urbana. Y la convivencia urbana debe ser parte de la agenda municipal, inmobiliaria, legal y ciudadana.
Los ayuntamientos, las constructoras, los administradores, los propietarios, los inquilinos y las instituciones vinculadas al ordenamiento territorial tienen que mirar este fenómeno con mayor seriedad. No basta con aprobar proyectos, vender apartamentos y entregar llaves. Hay que pensar en la vida que ocurrirá después de la entrega.
Una ciudad ordenada no se construye solamente con cemento. También se construye con normas, educación ciudadana, autoridad responsable y mecanismos eficaces para resolver conflictos antes de que se conviertan en crisis.
Por eso hemos insistido en la necesidad de orientar, acompañar y certificar la convivencia en los espacios residenciales. No se trata de crear más cargas, sino de proteger la inversión familiar, evitar conflictos, fortalecer la administración y promover comunidades más sanas.
La convivencia también se planifica. También se educa. También se organiza. Y cuando no se hace, el desorden termina ocupando el lugar que debió ocupar la autoridad. Que este tema esté entrando en la agenda pública es una buena señal. Ahora falta convertir la preocupación en soluciones.
