*Por Luis Santos Burgos

Al cierre del mes de mayo del presente año, la autoridad monetaria decidió poner fin a la fase de restricción monetaria que se inició desde noviembre de 2021, anunciando el regreso de la tasa de inflación a su objetivo meta 4%  y además, impulsando un paquete de estímulo monetario que comprende Facilidades de Liquidez Rápida (FLR) por RD$85,000.0 millones y la liberación de encaje legal por valor de RD$34,000.0 millones, equivalente al 2% del pasivo sujeto de encaje.

Ambos anuncios han suscitado diversas controversias focalizadas en diferentes perspectivas. Aunque la política monetaria procura incidir en la demanda agregada con el objeto de mantener o lograr la estabilidad de precios, el anuncio de que la economía dominicana al cierre de mayo recobró su posición meta de inflación, ha generado reacciones adversas en os consumidores y los sectores productivos.

El supuesto restablecimiento del objetivo meta de inflación en un escenario de caída abrupta del crecimiento interanual y acumulado de la economía durante el primer semestre de 1 y 1.2%, supone además una reducción significativa del nivel de empleo y pérdidas considerable del ingreso, en tanto los consumidores y los sectores productivos no perciben la probable reducción o estabilidad de precios.

Mas, cuando los precios se mantienen incidiendo en los servicios y los bienes más elementales de la canasta básica, realidad que sigue siendo evidente en los supermercados y la tarifa eléctrica, entre otros. Si bien, los precios de los materiales de construcción se mantienen relativamente estables, no obstante este sector muestra un exceso de inventario combinado con una baja significativa durante el primer semestre, motivado por los efectos de la restricción monetaria.

Por otro lado, el estímulo monetario dispuesto por la junta monetaria, constituye el segundo elemento controversial, dado que amplios sectores cuestionaron la rapidez con que la banca dispuso de dichos recursos, lo que condujo a una segunda Facilidad de Liquidez Rápida (FLR), por RD$25,000.0 millones, computando la citada suma de RD$85,000.0 millones.

La controversia toma mayor vigencia con las declaraciones del ministro de hacienda, dando cuenta de que el sector bancario realizo adelanto por pagos de impuestos, aproximadamente, por valor de RD$25,000.0 millones, lo que en un contexto de estímulo monetario, supone la existencia probable de una triangulación financiera que invoca la violación del marco legal, normativo y la propia constitución de 2010. Una operación financiera de esa naturaleza, al margen de la forma, implicaría el otorgamiento de crédito para financiar o monetizar el déficit del gobierno central.

Ante la rueda prensa realizada por el partido de oposición, Fuerza del Pueblo (FP), el Banco Central, emite un informe-respuesta dando cuenta acerca de la canalización de los recursos hacia los sectores de la economía por parte de las entidades de intermediación financiera.

En su respuesta, el Banco Central informa que al 18 de julio de 2023, la banca convino un total de 6,825 préstamos, por valor de RD$58,741.0 millones, 49.36% del estímulo monetario emitido RD$119,000.0        millones, quedando pendiente por colocar RD$60,259.0 millones. En tanto representa solo 3.32% de la cartera total  a mayo de 2023.

En efecto, la respuesta del Banco Central resulta incompleta, dado que no explicó el destino del monto restante, ascendente a RD60,259.0 millones, equivalente 50.64% del estímulo monetario, lo que pudiera estar generando diversos interrogantes, precisamente en los sectores productivos y empresariales que a la fecha, no han logrado acceder a la citada provisión de liquidez, dispuesta por la Junta Monetaria.

La declaración del ministro de hacienda, relativa al adelanto de pagos de impuestos por parte de las entidades de intermediación financiera, ante la respuesta limitada de la entidad emisora, todavía insufla más interrogantes, por cuanto, el banco central, en su intento, no logro aclarar el pedimento que formulara organización política opositora, y mucho menos, edificar de manera racional a los agentes económicos y al público en general.

*El autor es economista.