Los diputados se muestran dispuestos a cumplir con el deber de dotar al país de un Código Procesal Penal actualizado, como lo dispuso hace un año el Tribunal Constitucional cuando declaró la inconsistencia de la Ley 10-15, mediante la cual fueron introducidas modificaciones a la Ley 72-02, que contiene al referido código.
En algunos círculos, particularmente en los jurídicos, era vista con pesimismo la posibilidad de que el Congreso Nacional cumpliera con este deber a tiempo, con el que se evita el temor de que pase a regir esta materia un conjunto de normas de hace 23 años.
Todavía, desde luego, hay que esperar la conclusión del trabajo de los diputados y el de los senadores, que deberán hacer lo propio.
Se ha vuelto un hábito el dejar las tareas difíciles para el último momento, un hecho que comporta el riesgo de errores de todo tipo.
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