CARACAS, Venezuela.-En su punto más bajo tras dominar la política venezolana durante 18 años, el chavismo busca un salvavidas -según analistas- cambiando la Constitución para gobernar sin límites y elevar su poder de negociación.
Protestas para sacarlo del poder que dejan 113 muertos, una economía devastada, sanciones de Estados Unidos, su popularidad por el suelo: con la tormenta perfecta, el presidente Nicolás Maduro se juega su mayor carta, la Asamblea Constituyente. ¿Qué persigue? ¿Cómo puede impactar en la crisis?
El derrumbe
Sin el liderazgo ni los petrodólares en que se zambulló su fallecido antecesor, Hugo Chávez, Maduro gobierna en convulsión desde que asumió en 2013. Un sector opositor cuestionó su triunfo y el precio del crudo cayó más de 50%, en un país históricamente dependiente de la renta petrolera y las importaciones.
Tras una oleada de protestas en 2014 que dejó 43 muertos, la crisis se aceleró en 2015 con escasez de alimentos y medicinas y la victoria aplastante de la oposición en las parlamentarias, que acabó con la hegemonía chavista.
Ese giro desató un choque de poderes en el que el Legislativo fue maniatado por el Poder Judicial -acusado de servir al gobierno- a punta de sentencias que desencadenaron las actuales manifestaciones.
La aprobación de Maduro apenas llega a 20,8%, según la firma Datanálisis, lejos del 71,5% que alcanzó Chávez en 2006, en la cumbre de una popularidad cimentada en la redistribución del ingreso petrolero; una bonanza manchada por la corrupción.
Salvavidas
Maduro culpa a la oposición de confabularse con Estados Unidos para asfixiar al país con violencia y una "guerra económica", y así derrocarlo. Con esa tesis y la promesa de paz y estabilidad económica, justifica la Constituyente.
Esa Asamblea será elegida el domingo sin candidatos de la oposición, que la considera un "fraude" y exige comicios generales.
La iniciativa es rechazada por 70% de los venezolanos, según Datanálisis. Sería "su salvavidas para evitar una elección que perdería y gobernar sin los límites que implica tener instituciones autónomas" como el Parlamento o la Fiscalía, dijo el analista Benigno Alarcón.
Las presidenciales deben realizarse en 2018, pero la oposición teme que la Constituyente, al ser un "suprapoder", cambie las reglas.
"Esto se montó para atornillarse en el poder. El chavismo es un fenómeno sectario que no admite competencia", señaló el politólogo Luis Salamanca. Pese al retroceso, este experto considera que el oficialismo aún tiene "importantes parcelas".
Maduro cuenta con apoyo de los militares, su principal sostén y a quienes ha conferido gran poder político y económico. Su influencia se extiende a la justicia y al poder electoral, clave en esta coyuntura, pregona la oposición.
Carta de negociación
El mandatario socialista también pretendería mejorar su diezmada capacidad de negociación, cuando se instale la Constituyente el próximo miércoles.
"No descarto que el régimen busque aprovechar este proyecto autocrático tan extremo para negociar mejores términos de salida a la crisis", comentó Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, con sede en Washington. Gobierno y oposición celebraron a fines de 2016 un fallido diálogo a instancias del Vaticano.
Maduro se dice dispuesto a conversar, pero sus oponentes afirman que cualquier negociación debe tener elecciones anticipadas como punto partida.
"La Constituyente es una carta de fuerza política. Tras su instalación puede ser que el gobierno empiece a negociar", indicó la psicóloga social Colette Capriles.
Futuro incierto
La disidencia chavista, que creció a raíz de la Constituyente, asegura que es un proyecto ilegal y una traición al fundador de la "revolución bolivariana", quien promulgó la actual Carta Magna.
"Es la puntilla, como dicen los taurinos. Es la segunda muerte de Chávez", señaló el exministro Héctor Navarro, quien le reprocha a Maduro no haber consultado en referendo el llamado a la Constituyente.
Benigno Alarcón avizora "grandes conflictos internos", que podrían agrietar más al oficialismo. Sin embargo, "será muy difícil sepultar el chavismo, por eso nos deslindamos", sostiene Ana Elisa Osorio, otra exministra de Chavéz.
La extrema verticalidad es vista como una amenaza más por el diputado Germán Ferrer, esposo de la fiscal general Luisa Ortega, ambos disidentes.
El partido de gobierno, dice, es hoy "una estructura militar donde las líneas políticas son órdenes".
Shifter asegura que la "revolución bolivariana ya se acabó", pues siempre dependió de los altos precios del petróleo sin desarrollar una estructura productiva que la sostuviera a largo plazo.
"La Constituyente es la expresión política radical de un fracaso económico total", afirma.
