Santo Domingo.- Tras rechazar la eliminación de la jornada escolar extendida para volver al formato de dos tandas, como respuesta el déficit de cobertura escolar, el Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, que dirige el profesor Juan Valdez definió la iniciativa como “inaceptable” ya que, en realidad, vulnera de manera evidente y contundente los derechos adquiridos por los estudiantes que actualmente disfrutan de esta modalidad.
Dijo que la reciente disposición del Ministerio de Educación de dividir las escuelas que actualmente operan en esa modalidad no tiene sentido.
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“El corazón del problema radica en que, al reducir en aproximadamente un 50 por ciento de las horas de clases diarias para los estudiantes de jornada extendida, se les está despojando de un derecho protegido. La Constitución de República Dominicana establece claramente el derecho a la educación como un derecho fundamental, y la Jornada Extendida representa, además, una política social que garantiza la protección, el bienestar y el desarrollo integral de los niños y niñas en el país”, comentó.
En un documento dirigido a la prensa, Valdez significó que al retirar cuatro horas diarias de clases a quienes ya cursan en esta modalidad, se les está privando de oportunidades de aprendizaje, de desarrollo personal y de una protección que, en muchos casos, es la única garantía de seguridad y estabilidad en sus vidas.
Insistió en que s un acto que, en la práctica, equivale a quitarles derechos adquiridos, sin ofrecerles ninguna compensación efectiva, y en cambio, se privilegia a nuevos estudiantes que, en realidad, representan una fracción mucho menor de la población estudiantil.
Una medida atenta contra la igualdad y equidad
Comentó que desde una perspectiva social y de derechos humanos, la decisión refleja una clara falta de sensibilidad y planificación, ya que la jornada extendida no solo es un espacio de aprendizaje, sino también un mecanismo de protección social para las familias más vulnerables, la cual garantiza que los niños permanezcan en un entorno seguro durante toda la jornada escolar, alejados de peligros y del riesgo de la ociosidad, que puede traducirse en conductas de riesgo o en la vulnerabilidad frente a la violencia y la delincuencia.
“Esta modalidad permite que las madres y padres puedan trabajar sin preocuparse por la seguridad y el cuidado de sus hijos. En un país donde muchas familias dependen del trabajo diario para sobrevivir, eliminar la Jornada Extendida en las escuelas donde ya se cursa, no solo representa un retroceso en la calidad educativa, sino también un daño directo a la estructura familiar y al bienestar social”, consideró Valdez.
Significó que reducir a la mitad las horas de clases para los estudiantes no solo implica una disminución en su tiempo de aprendizaje, sino sus derechos y oportunidades de desarrollo integral.
La evidencia internacional y nacional confirma que esta modalidad ha sido uno de los pocos avances en la mejora de la calidad educativa en los últimos diez años en República Dominicana, externó.
Panorama modalidad
Al ofrecer una panorámica de esa modalidad, detalló que el 67 por ciento de la matrícula estudiantil cursa en jornada extendida, mientras que solo un 22% lo hace en las jornadas matutinas o vespertinas. Esa tendencia hacia la universalización de la misma refleja un compromiso con la igualdad de oportunidades educativas.
“Convertir estas escuelas en instalaciones de jornada regular representa, por tanto, un retroceso que no solo afecta la calidad de la educación, sino que también socava los avances logrados en materia de equidad social”, puntualizó.
Decisión evidencia falta de planificación
Para él, la justificación oficial de esta medida, centrada en la necesidad de ampliar la cobertura, oculta, en realidad, la incapacidad del equipo gestor del Minerd para cumplir con sus propias metas y compromisos.
Dejo entrever que la crisis en infraestructura escolar, el déficit de aulas y recursos, y la falta de una planificación efectiva son la verdadera causa de la problemática.
“En lugar de priorizar la construcción de nuevas aulas y mejorar la infraestructura escolar, se opta por una solución que, en última instancia, perjudica a quienes más lo necesitan. Es un acto que evidencia la ineficiencia administrativa y la falta de visión a largo plazo del Ministerio de Educación; la solución no puede ser despojar a un grupo de derechos para beneficiar a otro; eso solo genera desigualdad, desigualdad que, en un Estado de Derecho como el nuestro, debe combatirse”, expresó.
Frente a esta situación, la única vía legítima y efectiva para afrontar el déficit de aulas y garantizar la educación de todos los niños y niñas en igualdad de condiciones es priorizar la construcción y rehabilitación de infraestructura escolar
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