Federico Alberto Cuello
Vivimos en la época del consentimiento fabricado. Desde los 1980s, periodistas cómplices reconvertidos en políticos, redes sociales usadas para manipular las opiniones y ciertos partidos políticos han sido aupados para promover proyectos proclives al fracaso económico.
Sofisticadas operaciones de mercadeo político han impuesto ideas contrarias al interés público como no previó Chomsky ni en su peor pesadilla.
Tan efectiva ha sido la manipulación que votar por la debacle es asumido como victoria democrática.
Si la mayoría opta por el precipicio, dicen, eso es la democracia en acción. Pero si ese es el camino, ¿cuál fue la alternativa despreciada con desesperación?
Una economía como la europea tiene cadenas de suministro integradas que dependen de normas ambientales, fitosanitarias y técnicas para la libre circulación de bienes a través de redes de transporte que aseguran suministros “justo a tiempo”.
Esos bienes pueden ser productos intermedios como los asientos, el motor o los componentes electrónicos provenientes de distintos países, para ser finalmente ensamblados en el carro en otro país diferente dentro de la misma UE.
La cadena de suministro requiere energía, muchas veces generada en un país y transmitida a otro. La gestión de los suministros depende de redes de información y sistemas de telecomunicaciones así como el financiamiento fluido de la banca y los mercados de capitales.
Todo este entramado forma parte de un mercado común que ha dado prosperidad y reducido la desigualdad entre y dentro de los estados miembros, garantizando a empresas y personas el ejercicio de la libertad de circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
Estas libertades no son invulnerables. Distorsiones a la competencia de viejo y nuevo cuño impiden la igualdad de oportunidades para las empresas en el mercado, favoreciendo a algunas en perjuicio de otras.
Regulaciones ambientales elevan la calidad del aire, frenan el cambio climático y combaten los derrames tóxicos.
Sistemas impositivos progresivos, diseñados para la cohesión social, coexisten con otros más bien regresivos, distorsionando las decisiones de inversión y permitiendo la evasión de impuestos en paraísos fiscales o mediante la planeación impositiva.
Combatir estas amenazas es esencial para la equidad y la eficiencia del proceso de integración, sin la cual el crecimiento favorecerá a algunos en detrimento del resto.
Hasta ahora no había forma de combatir la evasión, que limita la capacidad recaudatoria de los gobiernos para suministrar servicios sociales e invertir en infraestructuras de sus regiones rezagadas, necesidades que se han agudizado por la pandemia
Precisamente para cerrar las posibilidades a la evasión, el 1 de enero de 2019 entró en vigor la Directiva de la UE contra la Evasión Impositiva. Pero no.
El consenso manufacturado a favor de la recuperación de la soberanía para frenar la lucha contra la evasión prefiere abandonarlo todo, al riesgo de quedar desconectados de las redes de transporte, energía, información, financiamiento, telecomunicaciones y suministros.
¿Valdrá la pena el beneficio cuando el costo irá en detrimento del más valioso ladrillo de la construcción europea, el mercado común? Parece que todo es posible en esta época de consentimiento fabricado.
