El Consejo Superior del Ministerio Público destituyó a otro fiscalizador, esta vez adscrito a la Fiscalía de San Pedro de Macorís, tras comprobar la comisión de faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones.
La sanción fue impuesta mediante una decisión del Consejo Disciplinario del Ministerio Público contra el fiscalizador Ronny Mercedes, quien fue inhabilitado de por vida para volver a desempeñar funciones dentro de la institución, según resolución emitida en noviembre de este año.
De acuerdo con la investigación, en julio de 2024 un privado de libertad denunció que el fiscalizador le exigió la suma de un millón 600 mil pesos dominicanos (RD$1,600,000) a cambio de resolver su caso judicial, el cual se conocía en el Distrito Judicial de La Altagracia, donde Mercedes prestaba servicio en ese momento.
El denunciante cumple condena por tráfico ilícito de migrantes en el Centro de Corrección y Rehabilitación de El Seibo. Debido a la exigencia económica, la familia del privado de libertad corre el riesgo de perder su vivienda, ya que tuvo que hipotecarla para reunir el dinero solicitado por el entonces fiscalizador.
Este caso se suma a otros procesos disciplinarios contra miembros del Ministerio Público que han sido cancelados por cometer faltas graves y muy graves durante el ejercicio de sus funciones.
En los últimos años, varios funcionarios del Ministerio Público han sido destituidos por favorecer a implicados del crimen organizado, incurrir en abuso de poder y violar principios éticos y legales de la institución.
Entre los miembros desvinculados del Ministerio Público se encuentran: José Andrés Fernández, Henry Alberto Fernández, Henry Alberto Romero, Daniel Acevedo, Luis González, Nancy Rivas, Mauricio Castillo Osorio y Nelson Rodríguez.
Además de la destitución, el órgano disciplinario dispuso que los sancionados no podrán volver a ocupar cargos dentro del Ministerio Público.
Para que el Consejo Disciplinario del Ministerio Público adopte una decisión en cada caso, la Inspectoría General del Ministerio Público debe realizar previamente una investigación exhaustiva contra el funcionario denunciado.
Dicha investigación puede iniciarse por oficio o por denuncia formal y tiene como finalidad determinar las faltas cometidas y sustentar la acusación correspondiente.
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