La semana pasada, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió, por la mínima, que los jueces de la Suprema Corte de Justicia sometidos a evaluación no la superaron y, por tanto, quedaron apartados del cargo. Esto ha abierto una discusión sobre los criterios de evaluación y la capacidad del Consejo para actuar sin que estos sean claros.
He defendido desde hace mucho tiempo la posición de que la labor del Consejo Nacional de la Magistratura es fundamentalmente política puesto que es un órgano constitucional en el que se ven representadas las mayorías electorales y porque la Suprema Corte de Justicia no forma parte de la carrera judicial. De ahí que es normal que la decisión tenga una dimensión política inevitable.
A pesar de ello, la evaluación de desempeño no es una simple formalidad. Primero porque la exige el artículo 181 constitucional, lo que de por sí atempera la naturaleza política del proceso. Lo segundo se deduce precisamente de esa dimensión política.
En una democracia todas las decisiones deben contar con legitimidad ante la sociedad. Así las cosas, las principales formas de otorgar esta legitimidad son el voto directo y la transparencia y sujeción a las normas jurídicas.
Son estos los mecanismos que permiten que las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura sean aceptadas por los ciudadanos, sobre todo a la luz del ya mencionado artículo 181.
Ignorar esto no sólo desconsidera la labor de los jueces salientes, sino que perjudica a los entrantes que -sin ser responsables de ello- podrían ser vistos como beneficiarios de una decisión de pura conveniencia política. Ya ha pasado antes y ha contribuido a la erosión de la reputación del sistema de justicia. Ningún juez, saliente o entrante, merece eso.
Lo más prudente, desde el punto de vista jurídico y político, es que las evaluaciones de los jueces por el Consejo Nacional de la Magistratura tengan criterios públicos y claros. En caso contrario, deben eliminarse en una próxima reforma constitucional. Tener el requisito y no cumplirlo es peor que no tenerlo.
En tiempos como estos, en los cuales los sistemas democráticos están bajo asedio, deben evitarse acciones u omisiones que contribuyan al desgaste del Poder Judicial, que no necesita que se le agreguen dificultades a las que la naturaleza de su función ya le crea. Es necesario proteger la Justicia de esos desatinos.
