SANTO DOMINGO.- De 2008 a 2019 los registros administrativos de la Procuraduría General de la República computan 586 denuncias de secuestro.
Según los datos presentados en documento por la Oficina Nacional de Estadística, los años 2018 y 2019 el promedio de denuncias por secuestro se triplicó en relación con los diez años anteriores, pasando de 34 a 122.
Uno de los hechos notorios más recientes fue el del empresario Richard Santana Santos, supuestamente raptado en una plaza comercial en La Romana el pasado diez de diciembre de 2020.
Santana Santos permaneció por 15 días retenido antes de ser finalmente asesinado y sepultado en una finca ubicada en el kilómetro 40 de la autopista Duarte en Villa Altagracia.
Por el hecho fueron detenidos inicialmente Gabriel Elías Lesta Reyes, Armando Soto Hernández, España Contreras, alias Ramón y Rafael Ricardo Espinal Abreu.
La Policía Nacional informó que se trataba de una banda dedicada a actividades de sicariato y de tumbe por drogas.
El tema ha adquirido relevancia tras el secuestro reciente de dos jóvenes dominicanos en Haití, cosa que se ha tornado en común en el vecino país.
Actualmente la comisión de justicia del Senado de La República estudia una iniciativa de Ley de autoría del senador Yván Lorenzo que tiene por finalidad crear un sistema de alerta temprana para desapariciones y secuestros.
El sistema, que estaría regido por el ministerio de Interior y Policía, emitirá alertas a través de canales señalados y en consonancia con las empresas de telecomunicaciones.
Se explica que los criterios claves que debe contener el sistema de alerta cuando se trate de menores de edad, es la descripción de que es un menor de edad, de que se encuentra en peligro inminente de daño o muerte, información disponible para permitir a la ciudadanía colaborar con las autoridades.
La Unidad especializada sería auxiliada por una aplicación móvil diseñada para estos fines la cual será puesta a servicio de la ciudadanía para notificar y recibir información de los casos de alerta.
Además, coordinará con las empresas de telecomunicaciones para el envío de mensajes de texto a la ciudadanía a través de sus dispositivos móviles con información sobre las alertas de desapariciones de personas.
El anteproyecto también dispone que el ministerio de Salud Pública debe asegurarse de que las personas desaparecidas o secuestradas una vez hayan sido localizadas, cuenten con asistencia médica y psicológica.
