El mayor peligro que existe en torno al sistema político lo constituye la falta de credibilidad, que viene agravada por la desconfianza y la impunidad que permean todo el accionar de los partidos.

Por más prédica que haya sobre los avances alcanzados durante los últimos años, no hay ninguna duda de que el país necesita de una mayor fortaleza institucional que sirva como la base para el clima jurídico y de confianza en todos los estamentos.

Nuestra débil institucionalidad exige que el liderazgo permita que los órganos establecidos en nuestras leyes interactúen de acuerdo al dictamen jurídico, nunca bajo el amparo del amiguismo ni de los partidos de turno.

Esto viene a colación por la disputa tejida en torno a la más reciente decisión del Tribunal Superior Electoral sobre la convención de diciembre de 2017 en la que se aprobaron varias resoluciones, siendo la más conflictiva la que extiende la presidencia de Miguel Vargas en el Partido Revolucionario Dominicano hasta 2021.

Reinaldo Pared Pérez, en su calidad de presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, ha lanzado lodo sobre los jueces del TSE por haber desestimado una disposición del Tribunal Constitucional para que el caso fuera sometido a nueva discusión.

El TSE anuló la presidencia de Miguel Vargas ante una instancia presentada por Guido Gómez Mazara y dirigentes de Rescate del PRD, lo que obliga a celebrar una nueva convención para la elección de las autoridades de esa organización.

Creo que en el país hay que comenzar a respetar las decisiones de las instituciones, no importa los intereses que se afecten, cuando el procedimiento utilizado quebranta las normas legítimas.

Es decir, que Vargas y sus seguidores dentro del PRD no deben temer a la competencia interna con Gómez Mazara y su grupo, sino que la sentencia del TSE tiene que ser aplicada, y a la mayor brevedad posible estructurar todo el aparato necesario para que los perredeístas decidan quién o quiénes serán sus nuevas autoridades.

Creo que Pared Pérez ha incurrido en un error al instar a la Cámara de Diputados a iniciar una investigación sobre Román Jáquez, Santiago Sosa y Rafaelina Peralta, ya que este hecho vendría a constituirse en una lesión a la independencia de ese organismo y una forma de intimidar su accionar.

Lo que ocurre en el PRD es un conflicto de intereses grupales que deben ser dirimidos en las instancias internas, pero nunca nadie puede poner en duda la integridad de la matrícula del TSE. Miguel Vargas y Gómez Mazara, como cabezas visibles de dos bandos en el PRD, deben competir en iguales condicione en una convención.