El Día 
SANTO DOMINGO.-El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) consideró hoy que la situación de caos y permisividad que vive el sector del transporte terrestre de carga y de pasajeros está poniendo en jaque al mismo Estado de Derecho de la República Dominicana, provocando a «una situación de desorden que amenaza seriamente el régimen económico nacional y la propia prosperidad social como país».
«La sociedad en su conjunto clama por el establecimiento del orden en este sector. Es la Administración Pública la que debe atender con contundencia este llamado como parte integrante del Estado de Derecho,en el que la vida social y civil está sujeta a procedimientos regulados por ley donde los actos del Estado están limitados estrictamente por un marco jurídico supremo y guiados por el principio de legalidad y el respeto absoluto a los Derechos Fundamentales», afirma el Conep.
Dijo que el cumplimiento de esas leyes garantiza la cohesión social, el interés colectivo e impide que se vulneren las normas de interés general, como son la de los servicios públicos.
Consideró que la violación por omisión de los derechos fundamentales a la libertad de empresa, de Contratación, y la libre competencia y a la libertad de tránsito «evidencian la inseguridad jurídica existente frente a los abusos de posición dominante de los sindicatos y federaciones del transporte en nuestro país».
A su juicio, el Estado es quien tiene el poder y la obligación de ordenar, velar y forzar el cumplimiento de la legalidad vigente que, en la actualidad, no se produce.
Consideró que la indignación y desamparo social frente a los abusos de sindicatos y colectivos afines deben hacer reaccionar a los poderes públicos, adoptando las acciones pertinentes para subsanar las violaciones cometidas por tales grupos sindicales.
En este sentido, sostuvo, el Estado tiene la doble tarea de no interferir frente al ejercicio de estos derechos y, al mismo tiempo, proteger el ejercicio y disfrute de los mismos que le asiste a cada ciudadano, frente a los ataques e intentos de conculcación de terceros, o de sus propias instituciones.
«Es frente a esta obligación del cumplimiento que el Estado podría vulnerar los derechos de dos formas: porque su acción directa es una interferencia injustificada en la esfera garantizada por el derecho a su titular, o bien porque no proteja dicho espacio frente a la acción de un tercero», sostuvo.
