SANTO DOMINGO. -Las normas de convivencia establecidas en la Ley de Condominio no se aplica de igual manera en los complejos habitacionales donados por el Estado a personas residentes en zonas vulnerables, ya que mientras en algunos proyectos se respeta la buena vecindad entre los vecinos, en otros impera el desorden.
Al parecer no existe un mismo patrón de conducta y conservación que sirva como guía a los beneficiarios de esos proyectos, que muchas veces terminan en condición de abandono.
Un ejemplo de esto son los dos modelos habitacionales de Puerto Isabela, entregado a 558 familias que residían en El Hoyo de Chulín en 1988, en el cual no existe el pago de cuota de mantenimiento ni reglas claras para los condóminos.
Al otro extremo está La Nueva Barquita, un proyecto habitacional entregado en 2016 a 1,449 familias que vivían a la orilla del río Ozama, donde los residentes están conminados a respetar reglas comunes, de lo contrario son sancionados por la violación de las normas.
Gestión diferente
En el proyecto Puerto Isabela los beneficiados crearon sus propias reglas y hasta vendieron y rentaron los apartamentos.
“Estos se niegan a pagar mantenimiento”, según la secretaria de Bienestar Social de la Junta de Vecinos de Puerto Isabela, María Peña, quien cuenta que en esa organización es difícil poner reglas.
Por esta situación se ve mucho desorden, ropas tendidas en los balcones y paredes sucias y descuidadas. Algunos edificios poseen las paredes y techos agrietados, sistemas pluvial y sanitario obstruidos, mucha basura acumulada y aguas negras.
De acuerdo al residente Crucito Rosa, el 80 % de los que fueron beneficiados con un techo terminó vendiéndolo o rentándolo.
Proyecto modelo
Un ambiente diferente se respira en La Nueva Barquita, donde un patronato de condominios administra los 1,449
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Dilenni Bonilla
Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con diplomados en Comunicación Estratégica, Economía, Finanzas y Fondos de Pensiones.
