El Día 
Santo Domingo Este .- El Ministerio Público de Santo Domingo Este y Norte logró que un tribunal de esta jurisdicción condenara a la pena máxima de 30 años de prisión a un hombre que le quitó la vida a un vecino al propinarle varios disparos, por éste negarse a administrarle una propiedad, en un hecho ocurrido en el año 2023, en el sector Respaldo Villa Carmen, de este municipio.
La condena le fue impuesta a Pedro Pablo Aza Cabrera, por el Primer Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, que preside la jueza Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, e integran Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada (miembros).
Aza Cabrera fue hallado culpable de provocarle la muerte a causa de heridas de arma de fuego a Felipe Emilio Lacrespeaurx.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Dahiana E. Castillo, revela que el hecho ocurrió porque Aza Cabrera le pidió a Lacrespeaurx que le administrara una propiedad, petición a la que la víctima se negó, provocando que el hoy procesado se disgustara y empezara a planificar su muerte.
El hecho ocurrió el 5 de abril de 2023, alrededor de las 9:15 de la noche, mientras la víctima buscaba el tanque de gas de su vehículo para llevarlo a su vivienda.
Cuando Lacrespeaurx se dirigía a su vehículo una hija que le acompañaba en la vivienda escuchó varios disparos, por lo que salió corriendo para ver lo que pasaba, siendo en esas circunstancias que encontró a su padre ensangrentado, tirado en el pavimento, y al hoy procesado con un arma de fuego en la mano.
Luego de cometer el crimen, el victimario intentó huir del lugar, siendo perseguido por una multitud que lo entregó a las autoridades.
Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Felipe Cuevas, presentó al tribunal elementos probatorios que demuestran la responsabilidad penal de Aza Cabrera en el caso por el que fue acusado de violar los artículos, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el homicidio con premeditación y asechanza, y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Los jueces determinaron que la condena deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
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